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Paro Nacional en Colombia (28 de abril a…)
La mañana del miércoles 28 de abril no traía buenos augurios para una protesta masiva en Colombia. El país estaba en pleno tercer pico de contagios por la COVID 19 con alerta roja hospitalaria debida a la alta ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo. Tanto el gobierno nacional como muchos regionales y locales llamaban a quedarse en casa para evitar contagios por concentraciones masivas al aire libre. Además, algunos de esos mandatarios decretaron toque de queda, ley seca y cuarentenas obligatorias. Una juez también intentó contener la movilización por medio de una absurda sentencia que la prohibía. Los mismos integrantes del Comité Nacional de Paro (CNP) no estaban muy convencidos de que la gente iba a salir a las calles. La policía, especialmente su cuerpo antidisturbios (Esmad), se aprestaba a lo que parecía una jornada más de protesta que pronto languidecería. En efecto, los primeros reportes no hablaban de mucha gente en las calles de la capital ni en las grandes ciudades del país.
Pero a medida que avanzaba la mañana comenzaron a llegar noticias de poblaciones intermedias y de apartadas comarcas que mostraban crecientes números de protestatarios participando en acciones cada vez más contundentes. Y especialmente desde Cali –la tercera ciudad del país y la que tiene más concentración de población negra–, salían informes contradictorios que contrastaban multitudes pacíficas marchando festivamente con grupos minoritarios destruyendo estaciones de transporte público, derribando cámaras de vigilancia o ingresando a grandes almacenes para saquearlos. La jornada allí había comenzado simbólicamente en la madrugada con el derribamiento de la estatua del conquistador Sebastián de Belalcázar por los indígenas misak. El estupor se tornó en indignación al ver en vivo y en directo por las redes la brutal respuesta policial en esa ciudad, no solo contra quienes atacaban los bienes públicos y privados, sino contra multitudes que simplemente marchaban inermes por las calles. Esas mismas escenas se repitieron, en menor escala, en otras grandes ciudades, y aún en medianos y pequeños poblados. La gente indignada por la represión oficial, empezó a bloquear vías urbanas y carreteras nacionales. El paro nacional comenzaba a desbordar los marcos de su convocatoria, ampliando su cobertura, profundizando sus reclamos y radicalizando sus repertorios.
Al otro día, entre denuncias de muertos y heridos, de paros y bloqueos, la protesta continuó. Y así al día siguiente hasta que llegó el sábado 1° de mayo, cuando tradicionalmente se conmemora el día del trabajador. Los organizadores del paro trataron de desestimular la movilización presencial en aquellas ciudades que tenían altos índices de contaminación por la COVID 19. Pero las multitudes no les hicieron caso y el paro nacional siguió cada vez más fuerte. El gobierno de Iván Duque, que había desestimado la magnitud de la protesta, echó de para atrás el motivo que había rebosado la copa de la indignación: una reforma tributaria que en plena pandemia gravaba productos de la canasta básica, ponía impuestos a los servicios funerarios –¡en un momento en que Colombia era el tercer país en muertos diarios por la COVID 19!–, recargaba el grueso de la tributación en las clases medias sin afectar a los grandes empresarios, a quienes en 2019 les habían dado unas prebendas que precisamente habían dejado las arcas estatales con pocos recursos para enfrentar una crisis como la producida por la pandemia. Al otro día renunció el ministro Alberto Carrasquilla, mentor de tal esperpento tributario. El paro lograba su primera victoria, ¡pero a qué costo! Ya para ese momento se hablaba de 15 muertos en la protesta, especialmente en Cali.
El pliego de peticiones
El retiro del punto más odiado de reclamo popular y la caída de su gestor no aminoraron la movilización popular; por el contrario, cogió vuelo aumentando los participantes –algunos de los cuales, como los transportadores de carga y taxistas, se sumaron en los primeros días de mayo– y la cobertura, llegando a más de la mitad de los municipios del país. Cali seguía siendo el epicentro del paro, pero nuevos choques ocurrieron ahora en Bogotá y en otras grandes ciudades, así como en medianos y pequeños poblados (ver mapa anexo). El paro no paró. Al día de hoy, 22 de mayo, con altibajos, la protesta se sostiene.
En medio de esos vaivenes, Duque, quien había rechazado el diálogo con los convocantes del paro, por fin accedió a “negociar”. El pliego, enviado por el CNP hace un año al gobierno, tenía siete puntos, excluida la reforma tributaria: retiro de la reforma a la salud que la privatiza aún más y de la reforma laboral que deteriora la calidad del trabajo; renta básica para la población pobre que es más de la mitad de los colombianos; defensa de la producción nacional y soberanía alimentaria; apoyo a las pequeñas empresas y estímulo al empleo; matricula cero en la educación superior; y rechazo de las fumigaciones con glifosato de cultivos de uso ilícito. Además de estos puntos concretos se plantea una agenda a más largo plazo para abordar problemas de orden estructural, como veremos luego.
Es hora de analizar este gran estallido popular en Colombia, resaltando sus continuidades con jornadas anteriores, como también sus radicales novedades.
Continuidades y rupturas del actual paro nacional
Observando al gráfico sobre las luchas sociales en Colombia resalta la tendencia al aumento de la protesta desde 2013. Ese año ocurrieron varias protestas, especialmente el paro nacional agrario que se prolongó por varios días con variaciones regionales y contó con gran apoyo urbano, especialmente estudiantil.2 Si bien, luego hay un descenso en el número de luchas sociales desde 2015, el promedio de estos años es superior al histórico y la cantidad de participantes aumenta. Así llegamos el 21 de noviembre (21N) de 2019 que fue una movilización masiva, especialmente en la primera jornada y mostró muchos rasgos que se repiten en la actual coyuntura. Contó con muchos sectores sociales participantes, urbanos y rurales, con múltiples motivos –de hecho, el pliego presentado al gobierno esos días tenía más de 100 puntos que cubrían desde problemas estructurales hasta reclamos coyunturales–. Aunque el 21N duró varios días, languideció en medio de dilatadas conversaciones convocadas por el gobierno, las fiestas de fin de año y el estallido de la pandemia. En cierta medida esa protesta quedó suspendida, aunque revivió parcialmente en los primeros días de septiembre de 2020 con un estallido contra el asesinato de un detenido por la policía, Javier Ordoñez. La inconformidad ciudadana se centró en ataques a puestos policiales y a estaciones de transporte público, con saldo más de diez civiles muertos.3 Durante la pandemia la protesta no decayó, pero por obvias razones se fragmentó espacialmente y no fue tan masiva.
Fuente: Base de Datos de Luchas Sociales de Cinep
Como vemos, el actual estallido no es totalmente nuevo, pero tiene notorias rupturas. En efecto, en el paro iniciado el 28 de abril también converge una multiplicidad de actores entre los que se destacan los asalariados, empleados de la salud, maestros, pobladores urbanos, estudiantes y jóvenes en general, indígenas, campesinos, comunidades afro, feministas, sectores LGBTI, ambientalistas. Con posterioridad se suman taxistas y transportadores, especialmente pequeños y medianos. La convocatoria a la movilización, lanzada hace dos meses y precedida de un pliego presentado hace un año, la hizo el mencionado CNP, conformado por sindicatos, organizaciones de pensionados, campesinas, estudiantiles, indígenas y de mujeres. Ellos son conscientes de que no representan a la pluralidad de participantes en la protesta, especialmente a los jóvenes de estratos bajos, que son la mayoría de las multitudes, y por eso buscan formas de integrarlos o al menos escucharlos.
Las demandas son igualmente plurales, algunas vienen de antes, pero se exacerbaron por el manejo gubernamental de la pandemia. De ahí que haya al menos dos niveles en los pliegos de petición que públicamente se conocen. Uno es más coyuntural e inmediato, y por eso es más “fácil” de negociar, el otro es más estructural y requiere de tiempo para acordar soluciones. Y en medio de ellos, se conocen día a día nuevos reclamos locales o regionales, a medida que se suman nuevos actores o que se hacen visibles sus problemas.
Dentro de los problemas estructurales de vieja data, se destacan algunos ligados con el modelo de desarrollo como la pobreza, la desigualdad creciente, el extractivismo, el deterioro ambiental, el manejo de cultivos de uso ilícito la crisis de la salud, de la educación y en general del bienestar. A eso se suman aspectos políticos como la persistencia de la violencia sociopolítica contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y desmovilizados –entre diciembre de 2016 y abril de 2021 había 904 líderes sociales y 276 excombatientes de las Farc asesinados–.4 Pero además existe una violencia soterrada contra la población, especialmente la más vulnerable, lo que habla del deterioro de la convivencia y el desmonte del multiculturalismo consagrado en la constitución de 1991.5 Resaltan también los reclamos ante el incumplimiento estatal de los acuerdos de paz y de lo pactado con los indígenas, las comunidades negras del Pacífico, los estudiantes, los campesinos y un largo etcétera. A esto se suma la debilidad de un gobierno aislado incluso por su mismo partido, que en vez de escuchar a sus electores es sordo al diálogo; en cambio, está presto a usar la fuerza pública ante los reclamos ciudadanos, dándole vía libre a la acción cada vez más desproporcionada de la Policía. Ese mismo cuerpo fue el encargado de controlar la población ante las medidas excepcionales tomadas por los gobiernos nacional y locales, para enfrentar la pandemia y por eso tuvo muchos roces cotidianos con los jóvenes, especialmente de las barriadas populares.
Otros aspectos que se agudizaron con la pandemia, y que afectaron también a estos jóvenes, son el aumento de la pobreza y la desigualdad. Según estadísticas oficiales publicadas por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) a finales de abril, en 2020 había aumentado la pobreza –familias que ganan un poco más de 300 dólares mensuales– en 6,6% llegando a representar el 42% de la población, mientras la pobreza extrema –familias con ingresos de menos 180 dólares mensuales– en 5,5% correspondiente al 15% de la población. Eso no es todo, según las mismas cifras oficiales el coeficiente Gini de desigualdad está en 0,54, uno de los más altos del mundo y el peor en la historia del país. Los más afectados son nuevamente los jóvenes: según las cifras oficiales del mismo DANE si se comparan los trimestres diciembre 2019-febrero 2020 con los mismos meses en 2020 y 2021 el desempleo para los jóvenes de 14 a 28 años pasó del 24,9 al 27,7 siendo las mujeres las más perjudicadas al subir de 34,9 a 38,1.6 En esas condiciones se entiende lo ofensiva que era la reforma tributaria que sirvió de chispa para la gran explosión popular, explosión que no se apagó con su caída, pues sacó a flote los profundos desequilibrios de nuestra sociedad.
Violencia
Pero a esa explosión también contribuyó la violenta respuesta policial. Fue como si se buscara apagar el fuego con gasolina. Según la ONG Temblores que hace seguimiento de esa violencia, al 18 de mayo se registraban 2.387 casos de violencia policial en el marco del Paro; 43 asesinatos confirmados y 8 en verificación, 384 heridos, 33 agresiones a los ojos, 18 víctimas de violencia sexual –una de ellas, menor de edad, se suicidó en Popayán luego de esos vejámenes–, 1.139 detenciones, 472 intervenciones violentas por parte de la policía y 146 disparos con arma de fuego del mismo cuerpo.7 Sobra decir que la mayoría de las víctimas son jóvenes pobres.
Como lo analizamos en un trabajo previo, la Policía en Colombia hace parte de las fuerzas armadas desde 1948 y se ha visto crecientemente involucrada en labores militares como la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas, suplantando a veces al Ejército, y en cualquier caso confundiendo las funciones de uno y otra. Además de tener una cultura de restauración del orden, durante mucho tiempo la Policía Nacional fue alimentada por la ideología anticomunista de guerra fría que se revive por momentos con gobiernos autoritarios como el actual. Y aunque se ha avanzado en la educación en derechos humanos, por momentos esa nueva orientación se oculta tras la urgencia de mantener el orden, incluso haciendo uso desproporcionado de la fuerza como se ha visto en este paro. La Policía ha tenido un gran crecimiento, especialmente desde el cambio de siglo y hoy tiene cerca de 160.000 integrantes, cuando en 1958 tenía 22.000.8
Como decimos, la exacerbación de las carencias estructurales de la sociedad colombiana por el manejo de la pandemia hizo explotar la ira popular, la que se agudizó por la brutal respuesta policial. Esto redundó en aspectos novedosos de este paro como son su gran duración –23 días y sigue–, amplia cobertura –más de la mitad de municipios han participado con alguna intermitencia–, el gran número de participantes con momentos de impresionantes concentraciones –por ejemplo, la de Bogotá el sábado 15 de mayo en un lugar resignificado por la protesta como es el monumento a los Héroes de la Independencia, ahora dedicado a los “héroes del paro”– y sobre todo la radicalización de la misma protesta. Los desbordes sostenidos han causado daños en personas y objetos. No todo es entendible y menos justificable, pero hay que saber oír a una multitud que no consideramos manipulada ni irracional, por el contrario, es activa y tiene sus lógicas de comportamiento. Veamos.
Según datos oficiales de la Policía hasta el 9 de mayo había un oficial asesinado,9 601 uniformados lesionados en el paro y se habla de una patrullera abusada sexualmente por manifestantes el 30 de abril.10 Además, el mismo cuerpo denunció que a esa fecha 172 buses fueron atacados y 31 incinerados; 43 cajeros automáticos habían sido destruidos; 99 bancos atacados; 98 comercios saqueados y 254 atacados, 46 estaciones de transporte público destruidas; 10 monumentos derribados y un hotel incendiado, donde se alojaba el Esmad.11 Si observamos con cuidado no se trata de un ataque indiscriminado, sino con objetivos precisos, lo cual no disculpa la violencia: lugares y elementos de vigilancia –cámaras, estaciones de policía y tanquetas–; espacios públicos asociados al poder estatal –edificios oficiales y transporte público–; o económico –bancos y grandes comercios–; estatuas –contra el poder simbólico colonizadores o represores–. Por supuesto que también ha habido daños a automotores privados y pequeños comercios, como resultados no buscados de los choques de estos días. Igualmente hay una afectación generalizada al abastecimiento, especialmente en el sur del país, debido a los bloqueos de vías. Recientemente se han abierto “corredores humanitarios” en esos puntos para dar paso a ambulancias y camiones con abastecimiento para grandes centros urbanos. Todo ello es resultado de una ira popular contenida por mucho tiempo.
El gobierno suele atribuir esa violencia de la multitud a unos pocos infiltrados en la protesta a los que llama “vándalos”. Consideramos que es una categoría inadecuada, pues descalifica y convierte en enemigo a alguien con el fin de aniquilarlo. Definitivamente la violencia observada en estos días no se explica por la presencia de agitadores profesionales o infiltrados de la guerrilla, de los paramilitares o de los propios agentes secretos del Estado. Sin duda esos provocadores están metidos en las protestas y tratan de agudizar la confrontación, pero ellos no marcan la lógica de la multitud. Tampoco ésta responde a los deseos de los políticos de oposición, por más carismáticos que sean. Menos se puede explicar el paro por la presencia de agentes externos bien sea del llamado “castro-chavismo” o del Foro de Sao Paulo. Sin duda el ejemplo de otras protestas en el planeta, y especialmente en el continente, como las recientes de Chile, influyen y marcan horizontes, pero no determinan el rumbo del paro en Colombia. Con esta atribución de la lógica del paro a agentes externos o internos infiltrados, llamados genéricamente “terroristas” o “vándalos”, el gobierno y los partidos que lo rodean, buscan revivir la guerra fría construyendo un enemigo que quiere destruir la nación. Así se le niega legitimidad política a la protesta y se ignoran sus reivindicaciones.
Por último, en Colombia como en el resto del mundo se está produciendo un cambio generacional que impulsa una nueva visión de la política más proclive a la acción directa que a la electoral, con formas asamblearias horizontales que rompen con la verticalidad de las organizaciones gremiales y sindicales, desconfía de las instituciones y del Estado, mientras le apuesta a la solidaridad, se nutre de las redes y tiene su lenguaje propio. En Colombia desde 2013 esta nueva generación perdió el miedo a protestar.
Conclusión: ¡a negociar para avanzar!
En esta encrucijada no hay otro camino que el diálogo constructivo que conduzca a una real negociación. Y eso implica reconocer que la protesta tiene reclamos legítimos e interlocutores válidos. Más que la descalificación, lo que hay que impulsar es el reconocimiento del otro como alguien diferente y no como enemigo. La pluralidad de actores e intereses dificulta, sin duda, la negociación y más si sigue pasando el tiempo y se agudizan las confrontaciones. Hay un pliego de peticiones inmediatas que es negociable; de hecho, ya tres puntos han sido logrados por la movilización sin pasar por la mesa de negociación: las reformas tributaria y de la salud, y matrícula cero para estudiantes de estratos bajos, al menos por el siguiente semestre. Dos ministros han caído, el de Hacienda y la de Relaciones Exteriores.
Para iniciar negociaciones en forma, el CNP solicita unas garantías como la desmilitarización de las ciudades, el castigo a los responsables de la violencia estatal y el respeto al derecho de protesta consagrado en el artículo 37 de la Constitución Nacional. Hasta el momento (22 de mayo) el gobierno no ha otorgado esas garantías y más bien exige por parte del CNP una condena de la violencia en las calles y el levantamiento de los bloqueos de vías. Por lo tanto, aún no se ha instalado la principal mesa de negociación, porque además se van a requerir otras mesas para negociar con quienes no están representados en el CNP, especialmente los jóvenes y otros actores sociales de apartadas regiones. En un mediano plazo habrá que abordar la agenda sobre temas estructurales con tiempos y procedimientos muy precisos. El camino es largo pero la crisis actual lo exige.
Mapa
2 Varios, “Luchas sociales en Colombia, 2013”, Informe Especial, Bogotá, Cinep, 2014.
3 Santiago Garcés, “Masacres en Bogotá: elementos históricos y coyunturales para su comprensión” https://www.revistaciendiascinep.com/home/category/temas/
4 https://www.dw.com/es/m%C3%A1s-de-900-l%C3%ADderes-sociales-asesinados-en-colombia-desde-2016/a-57257906
5 Martha Cecilia García, Ana María Restrepo y Santiago Garcés, “Lo que esconde la pandemia”, https://www.revistaciendiascinep.com/home/category/temas/
6 El Espectador, 30 de abril de 2021, pp. 4-5.
7 https://www.temblores.org/
8 Es la segunda fuerza armada, después del Ejército que cuenta con unos 220.000 miembros. Por su parte el Esmad tiene casi 4.000 integrantes, triplicando el número con el que se originó en 1999 (Mauricio Archila y otros, Cuando la copa se rebosa, Bogotá, Cinep, 2019, cap. 2).
9 En la mañana de hoy, 22 de mayo, se supo del asesinato de otro policía en Cali, atacado a bala cuando intentaba impedir el saqueo de un almacén de cadena (Noticias Caracol, 22 de mayo de 2021). Pero no es claro que sea en el marco de la protesta.
10 Noticias RCN Radio, 21 de mayo de 2021.
11 El Espectador, 9 de mayo de 2021, p. 7.
Mauricio Archila Neira
Ph. D. en Historia, Profesor Titular de la Universidad Nacional de Colombia e investigador del Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular).