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Political polarization and negationism: disputes over memory in times of the far-right in Argentina. Polarización política y negacionismo: disputas sobre la memoria en tiempos de la extrema derecha en Argentina.[1]

4 de agosto de 2026 by Mercedes Barros and Valentina Salvi

«Lo dije en campaña, hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los Derechos Humanos. Auditar el curro de los derechos humanos que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones.”
(Villarruel, Todos los diarios, 23 de abril 2024)

Introducción

El triunfo de la fórmula presidencial de Javier Milei y Victoria Villaruel en las elecciones de 2023 en Argentina profundizó la circulación de un discurso político contencioso sobre el pasado reciente con efectos disruptivos en el escenario de las memorias sociales en torno a la violencia estatal y política de la década del 70’. El nuevo gobierno y sus adherentes en redes sociales repoblaron el debate público con figuras, consignas y sentidos sobre el pasado dictatorial que resultan controversiales para las voces autorizadas en el campo de la memoria y para los consensos estabilizados tras cuarenta años de democracia. Estas representaciones del pasado, que cuentan, por cierto, con antecedentes históricos y un no despreciable grado de aceptación social, adquirieron una presencia pública inusitada en boca de la primera magistratura.

Desde el inicio de la carrera electoral, y en el transcurso de sus iniciativas gubernamentales, la fuerza política de La Libertad Avanza (LLA) ha puesto de manifiesto su posicionamiento sobre el pasado reciente en un clima de fuerte polarización con el kirchnerismo y los organismos de derechos humanos.^{^[2]} En clave de “batalla cultural”, ha intervenido en el escenario memorial proponiendo un nuevo marco de interpretación para anudar un conjunto de hechos y acontecimientos dignos de ser rememorados (y operar, selectivamente, respecto de otros que son olvidados), reconfigurando lo que puede ser dicho sobre el terrorismo de Estado, la dictadura y la acción de la guerrilla con efectos en el convivencia política del presente.

Estas intervenciones, que abarcan desde actos institucionales en homenaje a las “víctimas del terrorismo” hasta producciones audiovisuales orientadas a resignificar los hitos y fechas conmemorativas más relevantes del pasado reciente, revelan transformaciones que indican un fenómeno memorial novedoso y en expansión. Por un lado, se observa la puesta en escena de disputas que involucran tanto al devenir del paradigma humanitario en el contexto local (Fassin 2016; Crenzel 2008) como a las reivindicaciones de los organismos de derechos humanos^{^[3]}, centradas en consignas históricas como “Verdad, Memoria y Justicia”. Además, revelan esfuerzos retórico-políticos para invertir y contrarrestar las acusaciones de “negacionismo” provenientes precisamente de los espacios vinculados con estas luchas humanitarias. Por otro lado, por primera vez desde la transición democrática, las representaciones sobre el pasado reciente que posibilitaron y justificaron el terrorismo de Estado, como las nociones de “enfretnamiento belico” y de “excesos”, son rearticuladas desde la palabra oficial. En este contexto, la memoria que se presenta en las iniciativas del nuevo gobierno está ligada a las nociones de “guerra”, a sus “combatientes” y a sus “verdaderas víctimas”. Estas narrativas memoriales, a la vez, se acompañan de una serie de medidas concretas de política pública como la desarticulación de programas y el desfinanciamiento de proyectos orientados al trabajo de la memoria y el cierre de dependencias.

En las líneas siguientes, nos proponemos analizar este discurso público y las reconfiguraciones memoriales sobre la última dictadura militar en Argentina desde dos registros analíticos que se intersectan. Un primer registro, que desde un enfoque genealógico (Foucault 2003, 2004), se orienta a rastrear las condiciones de posibilidad histórico-políticas de esta configuración memorial, comenzando con el ciclo político iniciado por el gobierno de Néstor Kirchner en 2003. El segundo registro, enmarcado en un enfoque discursivo (Laclau y Mouffe 1987; Laclau 1990, Laclau 2005), busca esclarecer las operaciones político-memoriales que modulan las representaciones de LLA en la nueva coyuntura contenciosa, tanto en su esfuerzo por revertir la acusación de “negacionismo” como por revincular la memoria social a la figura de la “guerra”. En suma, este análisis se enfoca en los significados y prácticas de la memoria en disputa en un contexto de fuerte confrontación política desde la llegada del nuevo gobierno de Javier Milei, considerando también una temporalidad más amplia que incluye las transformaciones ocurridas a principios del nuevo milenio.

De este modo, en primer lugar, se examinará el posicionamiento de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y sus efectos en el ámbito de la memoria y los derechos humanos. Se busca comprender cómo en el transcurso de este ciclo político se abrió paso a un espacio conflictivo de polarización que afectó significativamente las miradas entonces vigentes sobre el pasado dictatorial. En este contexto, y ante lo que advertimos como un interludio en el que se problematizan los sentidos memoriales, se analizará críticamente la respuesta en clave de “negacionismo”, proveniente tanto del ámbito político como del académico a este proceso. En segundo lugar, se avanzará en la indagación del proceso de reconfiguración memorial que propicia la LLA atendiendo a la periodización, las series de eventos y procesos que establece, así como a las responsabilidades y víctimas que propone en el marco de una identificación política más amplia y ambiciosa.^{^[4]} En particular, nos interesa detenernos en una serie de episodios indicativos del posicionamiento público de la LLA y de su gobierno sobre el pasado reciente^{^[5]} como fueron el acto de homenaje a las “víctimas del terrorismo” realizado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en plena campaña electoral, la producción audiovisual emitida por la Presidencia de la Nación en conmemoración del 48 aniversario del golpe de Estado de 1976.^{^[6]}

La política de memoria y derechos humanos del kirchnerismo: entre la “lucha contra la impunidad” y la reivindicación de la militancia setentista.

El posicionamiento de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner respecto de las demandas históricas de los organismos de derechos humanos fue decisivo en el modo en que esta fuerza logró constituirse como proyecto político y estabilizar la formación política durante los primeros años del nuevo siglo. A través de un lenguaje que había adquirido centralidad y legitimidad en el contexto de la crisis social, política e institucional de los años 2001- 2002, Néstor Kirchner asumió su gobierno haciendo de las reivindicaciones en torno a los derechos humanos el vértice de la “lucha contra toda impunidad” (Todos los Diarios, 1-03-2004).^{^[7]} Como ha sido señalado, en su crítica a la “impunidad”, el discurso kirchnerista enlazó dos momentos históricos que eventualmente definieron las fronteras políticas de su proyecto colectivo: la última dictadura militar con sus violaciones a los derechos humanos y los gobiernos precedentes de Carlos Menem (1989-1999) caracterizados por sus políticas neoliberales pro-mercado, corrupción política y empobrecimiento social (Aboy Carlés 2005; Barros 2012, Barros 2005). Trazando una línea de continuidad entre la dictadura y la democracia, esta crítica vinculó la desigualdad, la exclusión y la injusticia de la virada de milenio no sólo con el pasado inmediato de implementación de medidas neoliberales, sino también con la “impunidad” de larga data que había prevalecido desde la última dictadura militar y permitido la profundización de aquel modelo económico durante los años noventa. De este modo, el proyecto político encabezado por Kirchner inscribió una división interna en el campo político que le permitió, por un lado, diferenciarse de un pasado que, según su lectura, no había podido dar tratamiento a los crímenes sociales, políticos y económicos en dictadura y democracia y, por el otro, postularse como la fundación de una nueva etapa en la Argentina posterior a la crisis del 2001 a partir de la cual se esperaba una futura redención de las causas populares de ayer y de hoy.

Con este telón de fondo, durante el período de gobierno kirchnerista (2003- 2015) se llevaron adelante una serie de medidas decisivas en materia de derechos humanos y memoria. A nivel institucional, se tomaron iniciativas que supusieron un cambio tanto en el ámbito judicial vinculado a las causas contra los militares y policías sospechados de violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado^{^[8]} como en el área de la investigación y reconstrucción de la verdad sobre lo ocurrido^{^[9]}, así como en el campo de las políticas de memoria^{^[10]}. Estos gestos de política pública fueron acompañados, además, por un trabajo memorial enfocado en el recuerdo de las víctimas del terrorismo de Estado, y se organizó en mayor medida, en torno a una interpretación centrada en la impronta económica de la dictadura (Canelo 2016) y a una revalorización de las memorias militantes de los años setentas (Montero 2011). Ambas cuestiones aludían a un pasado dictatorial signado por un aparato represivo que respondía y favorecía la implementación de un modelo social y económico de exclusión, y por una experiencia de militancia política de una generación que había sido la principal víctima de la acción represiva de la dictadura.^{^[11]}

Frente a este nuevo escenario político, las agrupaciones de derechos humanos no dudaron en mostrar su aceptación y apoyo a las iniciativas estatales respecto de sus políticas y sus memorias. Incluso, en muchos casos, algunos de sus principales dirigentes fueron miembros de los cuadros gubernamentales que diseñaron e implementaron estas iniciativas Asimismo, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, así como HIJOS, expresaron el rol reparador que las figuras de Néstor Kirchner y Cristina Fernández representaban para su lucha, avalando con sus acciones y palabras no sólo las medidas concretas propuestas por el gobierno, sino también su pretensión de encarnar una nueva etapa en la “lucha contra la impunidad” y a favor de los derechos humanos (Barros y Morales 2016).

Ahora bien, fue precisamente la centralidad de estos gestos simbólicos e institucionales, orientados al avance de las demandas de “verdad”, “memoria” y “justicia”, junto al trabajo memorial que los sustentó, lo que permitió al kirchnerismo forjar en gran medida su identidad como fuerza política. No obstante, la centralidad otorgada a los derechos humanos, en el marco de la “lucha contra la impunidad”, pronto se transformó en uno de los principales blancos de crítica del sector opositor que fue emergiendo paulatinamente tras el “conflicto con el campo” en 2008^{^[12]}, adquiriendo un lugar destacado en el auge del anti-kirchnerismo.

Gran parte de esta crítica encuentra asidero en los efectos de corto y mediano plazo de la manera particular en que el kirchnerismo articuló y llevó a cabo su política de derechos humanos, dando sentido a su posicionamiento público. En efecto, la misma política que permitió a este proyecto político presentarse como la fuerza capaz de iniciar una nueva etapa en Argentina, saldando las cuentas pendientes con el pasado a través de su “lucha contra la impunidad”, fue la que no dejó de inscribir y visibilizar divisiones sociales con consecuencias significativas en el plano político-memorial. Por una parte, la política de derechos humanos impulsada e institucionalizada por el gobierno se presentó como el comienzo de un nuevo ciclo histórico-político de reparación de las deudas de la democracia con “todo el pueblo argentino” y de reconocimiento de los derechos humanos fundamentales. Por medio de ese lenguaje humanitario de carácter universal, el gobierno se postuló como protagonista de una “lucha contra toda impunidad” orientada hacia el logro de una nueva convivencia democrática promovida desde el propio ámbito estatal. Pero, por otra parte, y al mismo tiempo, la serie de iniciativas universalistas en materia de memoria y derechos se presentó como la realización de una generación particular de militantes políticos, que junto a aquellos/as que habían sido desaparecidos y sobrevivientes, representaban la parte más dañada del régimen represivo y de exclusión instaurado en la dictadura. Así lo afirmó el presidente Kirchner ante la Asamblea Legislativa:

“Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias; me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. (…) Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no sólo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones, (…), vengo a proponerles un sueño que es la construcción de la verdad y la justicia.” (Kirchner, Todos los diarios, 25-05-2003)

De este modo, la política de derechos humanos del gobierno y su narrativa memorial no escondía su carácter particular, con rasgos propios del peronismo y de militancia de los años setenta. Néstor Kirchner y Cristina Fernández (y otros funcionarios de su administración) no solo se presentaron como referentes de un nuevo gobierno, sino que se reivindicaron, también, como miembros de una “generación diezmada”; figura retórica que eludiendo la discusión sobre la participación de las juventudes militantes en la lucha armada – y por tanto de su responsabilidad en las muertes ocasionadas con el ascenso de la violencia política antes del golpe de Estado de 1976- les permitió legitimar su posicionamiento respecto del pasado y establecer solidaridades políticas más amplias y perdurables.^{^[13]}

Así fue como, en este marco de sentido, los gobiernos kirchneristas en nombre del Estado Nacional tomaron partido y dejaron en claro su “verdad relativa” en su apuesta por saldar las deudas con aquellos que por muchos años, desde esta mirada, habían permanecido silenciados y tratados injustamente (Barros 2012). Como consecuencia, además, se prolongó el sesgo de la parte dañada a los familiares de las víctimas, ahora reconocidos en su condición de luchadores sociales y políticos, en oposición a otra dirigencia política que había garantizado la impunidad en democracia y que, en lo que respecta al menemismo, fueron señalados como herederos de las políticas económicas y cómplices de la dictadura.

Ahora bien, en ese desplazamiento pendular entre la representación de la parte y el todo, entre protagonizar la “lucha contra toda impunidad” desde el ámbito estatal, y al mismo tiempo, representar a la “generación diezmada” por la dictadura, el kirchnerismo logró hegemonizar por un tiempo considerable el espacio social y político produciendo efectos concretos en el plano memorial.^{^[14]} Sin embargo, este mismo movimiento de oscilación y las políticas concretas a las que dio lugar, fueron también las que comenzaron – sin demoras- a generar tensiones y malestares que derivaron en un clima de creciente polarización. Tras el llamado “conflicto con el campo” en 2008, las voces críticas comenzaron a proliferar y aglutinarse en un mismo campo opositor. Incluso, se profundizaron divisiones entre los grupos más cercanos al gobierno y otras organizaciones.^{^[15]} Como veremos a continuación, a medida que avanzaba la gestión kirchnerista, se extendió y tomó forma un nuevo campo semántico que disputó las narrativas memoriales vigentes y cuestionó la actuación de los organismos de derechos humanos en su colaboración con el gobierno.

Narrativas memoriales en tensión: la articulación de un campo semántico de disputa sobre el pasado reciente.

Desde el inicio mismo de la administración de Néstor Kirchner en 2003, especialmente tras la implementación de las políticas públicas de memoria y derechos humanos mencionadas anteriormente, así como la reanudación de los juicios por crímenes de lesa humanidad, comenzaron a expresarse desde distintos sectores sociales muestras de malestar y confrontación. Las primeras reacciones provinieron principalmente de agrupaciones de familiares de militares afectados por las medidas judiciales, quienes de manera temprana buscaron ganar visibilidad en el ámbito público, cuestionando el carácter judicial de hechos que consideraban propios de la justicia militar. No obstante, su respuesta no se limitó a la confrontación en el terreno judicial y político, calificando los juicios como “arbitrarios” y “parciales” y a los militares y policías condenados como “presos políticos”. A través de la consigna “memoria completa” se abocaron a disputar los sentidos memoriales en torno a los desaparecidos y su militancia promovidos principalmente por el gobierno y los organismos de derechos humanos.^{^[16]}

En un primer momento, los ecos de estas muestras de malestar no lograron trascender las editoriales de algunos diarios nacionales (Vecchioli y Fioravanti 2020), y quedaron confinados a espacios políticos marginales y vinculados a sectores castrenses y nacionalistas de escasa trascendencia pública (Grinchpun 2021). No obstante, tras la crisis del gobierno con los sectores agropecuarios y, a medida que se articulaba un espacio de oposición en torno al antagonismo kirchnerismo-antikirchnerismo, la respuesta de las agrupaciones de “memoria completa” comenzó a adquirir mayor verosimilitud. Enmarcando su crítica en los parámetros universales de la narrativa humanitaria -consolidada en el país por la CONADEP y el Juicio a las Juntas en los años 80 y propiciada por el propio gobierno-, estas agrupaciones llevaron al centro de la discusión a las víctimas de las organizaciones armadas de los setenta denunciando la falta de reconocimiento estatal en democracia y, particularmente, durante el entonces gobierno kirchnerista. Pero además, mediante su demanda por “memoria completa”, cuestionaron uno de los rasgos distintivos de la política memorial y de derechos humanos del gobierno: su toma de posicionamiento en tanto parte dañada y su reivindicación de la “generación diezmada” y de sus memorias militantes. El ímpetu de completitud que impulsaba la consigna de las agrupaciones de familiares de militares denunciaba la operación metonímica de origen político, por la cual el kirchnerismo, como fuerza hegemónica, sustituía la parte por el todo (es decir, se trataba de un particular universalizado). A partir de esta denuncia, se lograban efectos solidarios con otros cuestionamientos políticos en ascenso, trascendiendo el ámbito militar.

En el transcurso de un tiempo breve, este activismo y su crítica confluyeron con nuevas producciones culturales que adoptaron posturas “revisionistas” sobre la década del 70 orientadas a reinstalar sentidos vinculados a la Doctrina de la Seguridad Nacional que habían tenido fuerte circulación social en los años previos al golpe de Estado de 1976 (Franco 2012). Con el apoyo de editoriales internacionales se publicaron durante esos años una serie de bestsellers, enfocados en el accionar de las organizaciones armadas (Saferstein 2017). Estos libros se orientaron a relativizar la acción clandestina de las fuerzas armadas en el poder y responsabilizar a las organizaciones guerrilleras por la espiral de violencia que condujo al último golpe de Estado (Campos 2021).^{^[17]} En esta misma línea, Victoria Villarruel, entonces presidenta del Centro Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), publicó su primer libro “Los llaman jóvenes idealistas”. En este escrito, Villarruel aboga por el reconocimiento de las víctimas de las organizaciones armadas y asocia la acción de la guerrilla con el terrorismo, condensando así las iniciativas memoriales del activismo de familiares de perpetradores. Por un lado, cuestiona el ideal de militancia de los años 70’ sostenido por el kirchnerismo y, por otro lado, hace explícita la crítica de “parcialidad”, “engaño” y “falsedad” deliberada de las políticas de memoria del gobierno nacional.

Desde el campo académico también surgieron voces críticas que cuestionaron el modelo de enjuiciamiento penal y el “exceso” y “cariz militante» en las políticas públicas.^{^[18]} Estas expresiones advirtieron sobre el aparente oportunismo político que guiaba la vinculación del gobierno a los derechos humanos^{^[19]} y objetaron el rol activo de estos últimos en las políticas gubernamentales.^{^[20]} Es en este marco y ante el aumento de críticas hacia una narrativa memorial percibida como “unilateral” y “sesgada”, que comenzaron a organizarse diversas “mesas de diálogo” en museos, centros culturales, clubes políticos, librerías y universidades privadas de todo el país. Estos encuentros reunieron a familiares de militares condenados, dirigentes políticos, intelectuales y familiares de desaparecidos. Sin audiencias multitudinarias, no obstante, estas iniciativas performativas se presentaron como una alternativa al camino judicial y como un dispositivo para la difusión de interpretaciones críticas sobre las memorias del pasado propuesta por el gobierno y los organismos de derechos humanos (Salvi 2023).

Con el telón de fondo de las acusaciones en ascenso en el espacio público la dirigencia política opositora prontamente articuló su posicionamiento confrontativo en materia de memoria y derechos humanos. Esta postura imprimió una nueva dimensión crítica al antagonismo kirchnerismo-antikirchnerismo, contribuyendo también a su consolidación. En efecto, las consecuencias de la creciente polarización no tardaron en potenciar la tensión sobre los principios ordenadores de la narrativa memorial organizada en torno a “lucha contra la impunidad”.

De este modo, hacia el fin del segundo mandato de Cristina Fernandez de Kirchner (2012-2015), la coalición Cambiemos, encabezada por el líder opositor Mauricio Macri, asumió posiciones abiertamente críticas hacia las políticas de derechos humanos y memoriales. La necesidad de un “cambio” en la política argentina, planteada por la nueva alianza opositora, nutrió parte de su credibilidad en la denuncia de un “abuso” de la causa de los derechos humanos por parte del kirchnerismo y sus principales aliados. Según esta perspectiva, la “lucha contra la impunidad” había politizado y corrompido la esencia de los derechos humanos y las organizaciones encargadas de defenderlos (Barros 2017). Las denuncias de malversación de fondos públicos que rodearon a la Asociación Madres de Plaza de Mayo^{^[21]}, junto con las acusaciones de corrupción contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, contribuyeron a crear un contexto simbólico que respaldó la idea crítica del “curro de los derechos humanos” acuñada por el entonces candidato opositor e intendente de la Ciudad de Buenos Aires.^{^[22]} Esta idea puso en entredicho la gestión anterior y cuestionó no sólo la falta de honestidad de los organismos de derechos humanos debido a su cercanía con el gobierno, sino también su “parcialidad” por reivindicar únicamente a los desaparecidos en detrimento de otras víctimas de violaciones a los derechos ciudadanos, promoviendo las memorias de los militantes de los años setenta, y contribuyendo así a un “relato único” (y “revanchista”) sobre el pasado reciente.

Una vez que Cambiemos asumió el gobierno nacional en 2015, el nuevo campo semántico en torno del pasado dictatorial encontró nuevos portavoces en el ámbito estatal intensificando las tensiones y disputas de las narrativas memoriales vigentes en ese entonces. El nuevo gobierno, según lo expresaron sus propios funcionarios, puso en marcha un proceso de “deskirchnerización” de la memoria y los derechos humanos cuyos objetivos deliberados eran superar lo que consideraban la “parcialidad” de la gestión anterior e implementar un enfoque neutral y pluralista, con miras a inaugurar un nuevo paradigma de derechos humanos en el país (Barros y Morales 2016).^{^[23]} De este modo, de manera inminente y abarcando varios frentes, la gestión de Cambiemos se propuso reencaminar el entendimiento de los derechos humanos y reordenar la agenda de la política pública para impulsar iniciativas alineadas con los “derechos humanos del siglo XXI”, adaptándolas a los lineamientos de Naciones Unidas. Asimismo, decidió restar notoriamente la participación de los activismos locales en el diseño e implementación de sus reformas y hacer, en cambio, hincapié en la nueva misión de Argentina en la promoción de las libertades y derechos individuales en el contexto internacional y particularmente en el Latinoamericano. En clara respuesta a la política kirchnerista, se atribuyó a los derechos humanos una nueva misión: “unir a los argentinos y construir sociedades pacíficas”^{^[24]} a través de la promoción de una “nueva cultura cívica” basada principalmente en los valores del diálogo y el pluralismo cultural.^{^[25]} Esta nueva cultura se orientaba hacia la construcción de una memoria colectiva de “todos los argentinos”, que incluyera todas las voces y versiones del pasado, y que promoviera la ampliación de la categoría de víctima.^{^[26]}

De este modo, en su confrontación con la gestión anterior, el gobierno de Cambiemos tensó aún más la escena memorial vigente, no solo disputando la aparente partidización de la memoria y los derechos humanos del kirchnerismo sino también poniendo en duda la credibilidad de la trayectoria de lucha de las agrupaciones históricas defensoras de los derechos humanos vinculadas a las víctimas de terrorismo de Estado. Acusadas de tergiversar los números de detenidos desaparecidos, de aprovecharse de las reparaciones económicas -en muchos casos poniendo en duda su veracidad, de haber sido cooptadas por el kirchnerismo, y, por lo tanto, involucradas en sus actos de corrupción, las agrupaciones históricas como Madres, Abuelas, Hijos, junto con su discurso de lucha, quedaron expuestas a un creciente cuestionamiento de su autoridad política y moral.

Las transformaciones en el seno estatal dieron lugar a un recrudecimiento en las disputas sobre el pasado, un fenómeno que no se revirtió, incluso, tras el cambio de orientación política del gobierno con la elección del candidato del peronismo, Alberto Fernández (2019-2023). En este contexto, la pandemia de COVID-19 y la contienda política en torno a las medidas de confinamiento implementadas desde el Estado auspiciaron la proliferación de discursos virulentos y agresivos que tuvieron como destinatarios, entre otros, al nuevo gobierno y a sus principales aliados: los organismos de derechos humanos. En las redes sociales y en las manifestaciones callejeras proliferaron operaciones meméticas y performáticas que no solo minimizaron las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, sino que las reivindicaron de manera explícita (Lvovich y Grinspun, 2022). De esto modo, se hizo evidente un cambio en la valoración social en torno a estos temas. La aparición de imágenes alegóricas con Ford Falcon verdes, influencers posando junto a fotos del dictador Jorge Videla, o las bolsas mortuorias con el nombre de Estela de Carlotto frente a la Casa Rosada son algunos de los episodios más resonantes que propiciaron la visibilidad de discursos violentos que, hasta ese momento, no habían tenido cabida en el espacio público y que permitieron canalizar la confrontación con el kirchnerismo.^{^[27]}

La dirigencia política de todo el espectro de derecha desempeñó un rol activo y promotor en esta exaltación discursiva, que con el tiempo se convirtió en la base de su intervención en el debate público. Lo que al principio era un fenómeno disperso y marginal, aunque cada vez más frecuente e insidioso, encontró legitimidad en las voces de diversos dirigentes políticos que ganaron relevancia durante esos años, como Javier Milei y Victoria Villarruel. Para entonces, el ascenso de Villarruel, desde una posición liminar hasta el centro de la escena memorial, ya era evidente. Esto reflejó, por un lado, el auge de una narrativa enfocada en las víctimas de la violencia de la guerrilla y el “terrorismo”, y por otro, una transformación semántica cuyas repercusiones más importantes alteraron lo que se podía decir y escuchar sobre el pasado reciente.^{^[28]} Los efectos disruptivos de la polarización política con el kirchnerismo habían debilitado de manera inexpugnable los principios ordenadores de la narrativa memorial. La “lucha contra la impunidad” y las consignas por “verdad, memoria y justicia” habían entrado en el terreno de las arenas movedizas de la contestación y la confrontación.

Las respuestas ante las controversias memoriales: el negacionismo, la batalla cultural y los avatares de la derecha libertaria

La polarización y la emergencia de un escenario contencioso en el campo memorial dieron lugar a—según Foucault (2003)—un momento de “problematización”, un impasse de sentido producido por la insistencia de interrogantes sobre las rutinas y prácticas del orden de la experiencia, que forzó al pensamiento y dio lugar a la inventiva para explicar esa problemática persistente.^{^[29]} Esta polarización se vio también favorecida por un contexto global de ascenso de las derechas radicales y por la proliferación de narrativas en redes sociales orientadas a una política de banalización memorial y de cuestionamiento del paradigma de derechos humanos en países como España, Alemania e Italia entre otros (Couperus, Tortola and Rensmann, 2023). En efecto, la recurrencia controversial que se desató en la escena memorial que describimos en el apartado anterior, precipitó distintas tentativas para abordarla e intervenir sobre sus efectos a través de figuras políticas y categorías analíticas diversas.

Una de las respuestas de mayor y temprana circulación fue aquella impulsada por los organismos de derechos humanos, grupos de izquierda y sectores cercanos al kirchnerismo, con resonancias en el ámbito periodístico y académico, basada en la figura de “negacionismo”.^{^[30]} Según esta respuesta, la transformación del campo de la memoria respondía a la expansión de actitudes “negacionistas” sobre la dictadura por parte de dirigentes vinculados a fuerzas políticas de derecha y sectores reaccionarios. Esta acusación venía a señalar una operación discursiva percibida como deliberada, denunciando la creciente expansión de significados distorsionados sobre el pasado reciente y sobre sus protagonistas. A través de esta denuncia, se buscaba establecer límites claros para reorganizar el espacio memorial, excluyendo del ámbito legítimo de representación a quienes rechazaban las narrativas forjadas en el contexto de la lucha de las agrupaciones de derechos humanos y de los gobiernos kirchneristas.

Ahora bien, sin lograr revertir los efectos controversiales en el campo memorial, la figura de “negacionismo” comenzó a expandirse como idea rectora y omnipotente, permitiendo nombrar toda una serie proliferante de prácticas y traspasando las más variadas experiencias sociales y políticas.^{^[31]} Incluso, esta idea comenzó a operar progresivamente como una “categoría analítica” predominante para explicar el fenómeno memorial vigente y relacionarlo con otros fenómenos de características similares provenientes de otras latitudes y momentos históricos. En efecto, en el campo académico local, la idea de “negacionismo” adoptó varios sentidos o connotaciones al abarcar diversas prácticas, sentidos, períodos y disputas del escenario memorial (Thus 2017, Feierstein 2021, Magallanes 2024, Legarralde 2024) En ocasiones, esta categoría se extendió a los abordajes sobre los años de la dictadura, generando ciertos anacronismos interpretativos y homologías difícilmente sostenibles (Ranaletti 2022).

El lugar destacado que el “negacionismo” adquirió en este tiempo, junto con el progresivo desdibujamiento del significado original con el que fue acuñado debido a su creciente circulación, se manifestó de manera contundente en la rearticulación que las propias reivindicaciones de las fuerzas políticas originalmente acusadas de “negacionismo” realizaron sobre esta figura.

Unas semanas después de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuando LLA se posicionó como primera fuerza, la diputada nacional y candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, organizó un homenaje en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con motivo del Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, junto a la legisladora Lucía Montenegro y al CELTyV que ella misma preside. Villarruel recibió en el ámbito del poder legislativo a familiares de personas asesinadas por organizaciones armadas en los años setenta quienes recordaron los hechos, enfatizando el carácter “terrorista” de las acciones y denunciando al Estado por garantizar “la impunidad de los violentos”. Villarruel destacó especialmente la actitud “negacionista” que había prevalecido en democracia^{^[32]}:

“Agradezco a las víctimas del terrorismo (…) que hace más de 40 años están sufriendo el dolor más indecible que el propio país te niegue (…) Fueron desaparecidas de la memoria, fueron barridas debajo de la alfombra de la historia, se eliminó cualquier rastro de ellas, se las negó, se les negaron sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación.”(Villarruel, La Nación, 4-09-2023) ^{^[33]}

Invirtiendo y erosionando la unilateralidad de las acusaciones vertidas sobre su espacio político, Villarruel enumeró en un lenguaje humanitario los agravios cometidos sobre las víctimas de la violencia de las organizaciones armadas desde la reapertura democrática, situándolas como provenientes de un “oscuro territorio del negacionismo actual” (Villarruel, La Nación, 4-09-2023). En efecto, en su pronunciamiento, el reconocimiento de la posición de víctima de los familiares y, con ello, del colectivo político que los apoya cobra fuerza a través de la delimitación de ese territorio de “negacionistas”, quienes no son identificados como adversarios políticos legítimos, sino como aquellos que eligen perpetuar “la impunidad de la violencia terrorista en democracia”. Haciendo alusión a críticas hacia el acto en la Legislatura por parte de los organismos de derechos humanos y amplios sectores políticos y sociales, Villarruel denunció:

“Quién podría oponerse al homenaje a unas víctimas inocentes si no fuera que es cómplice o es parte de los que ponían bombas, secuestraban, asesinaban y derramaban la sangre de estos inocentes.” (Villarruel, La Nación, 4-09-2023)

Por medio de la articulación de un discurso de alcance global, Villarruel apela a la figura de “terrorismo”, amalgamando a los agresores de ayer con los de hoy y construyendo al “otro” como un agresor insidioso que no cesa de “oponerse” y “negar” a una parte de la sociedad argentina. En sus palabras,

“Los que impiden que nuestro dolor sea recordado son los que en nombre de los derechos humanos y de la democracia solo quieren la democracia para ellos y los derechos humanos con exclusividad para ellos. (…) Quienes se oponen al recuerdo son los que tienen la mano manchadas de nuestros seres queridos. Quienes se oponen son los tienen el monopolio de la memoria.” (Villarruel, La Nación, 4-09-2023)

Las acusaciones de Villarruel toman fuerza en un proceso de alterización con un pasado y un presente democrático que involucra el encadenamiento de una serie de otros a los que, a la vez que se los degrada moralmente vinculándolos con el “terrorismo”, se les advierte que “ya no se les teme”. Desde esa advertencia, y postulando el inicio de una nueva etapa en la escena memorial “después de 40 años de una visión amputada de nuestra historia”, Villarruel, por medio de una retórica hiperbólica, legitima y activa el reclamo por una “memoria completa” que dé lugar a las víctimas de la guerrilla en la historia argentina, una “verdad” que reconozca los hechos de la violencia armada y a sus responsables, una “reparación moral” para los muertos y sus familiares, una “justicia” efectiva como contracara de la “impunidad de la que gozan los violentos” y, por último, un cese a “las violaciones de los derechos humanos de víctimas y familiares”. Aunque se sostiene insistentemente que “nadie viene a hablar de otra cosa que no sean específicamente de las víctimas del terrorismo”, el reclamo por una “memoria completa” adquiere su significado en una trama de sentidos sobre el pasado reciente que no solo revigoriza, sino que también sitúa en el centro del discurso memorial la violencia perpetrada por las organizaciones armadas, así como la guerra como contexto para comprender los acontecimientos pasados, las acciones de sus protagonistas y el sufrimiento de las víctimas.

En sintonía con Villarruel, y en vísperas a las elecciones presidenciales , Javier Milei, dejó en claro que él y su fuerza política se posicionaban,

“… en contra de la visión tuerta de la historia” asumiendo que “durante los 70 hubo una guerra y las fuerzas del Estado cometieron excesos, pero los terroristas del ERP y Montoneros mataron, pusieron bombas y cometieron delitos de lesa humanidad. No estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos” (…) Valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30 mil los desaparecidos, son 8.753” (Todos los diarios, 1-10-2023).

Al calor de la expansión de un campo semántico de disputa memorial, el entonces candidato se sumó a la denuncia de la parcialidad del kirchnerismo y de las agrupaciones de derechos humanos aliadas, y exhibió de manera clara su posicionamiento polémico y beligerante sobre el pasado reciente: “ No estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos” (…) Valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30 mil los desaparecidos, son 8.753” (Todos los diarios, 1-10-2023) Estructurando su “verdad histórica” en torno a la “guerra” y a los “excesos”, el candidato político no limitaba su disputa a las narrativas memoriales recientes, sino también a aquellas sostenidas de manera trabajosa a través de consensos y negociaciones de las fuerzas sociales y políticas, y en sede judicial, desde la reapertura democrática.^{^[34]}

Ahora bien, en el vertiginoso inicio del gobierno de LLA, la dupla presidencial, Javier Milei y Victoria Villarruel, afianzó su postura beligerante sobre el pasado reciente. A los pocos meses de su asunción, el oficialismo delineó los contornos de su política memorial con la emisión de un audiovisual en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.^{^[35]} Dirigido por Santiago Oría, el audiovisual -de aproximadamente trece minutos- articula una propuesta memorial cargada de simbolismo. Con los salones de la Casa Rosada como escenario, otorgando un carácter inequívocamente institucional, la obra se estructura a partir de testimonios en primera persona que contrastan de manera deliberada dos perspectivas: por un lado, la voz de la hija de un militar asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974; por otro, la de un ex miembro de la organización armada Montoneros.^{^[36]}

El enfoque testimonial resulta central para dotar de humanidad a estas experiencias, al permitir que los relatos individuales conecten con el espectador de manera directa y emotiva. Ambos testimonios construyen su fuerza expresiva mediante el uso de primeros planos, que generan una atmósfera de intimidad y promueven empatía. En este sentido, el montaje audiovisual se apoya en una narrativa humanitaria que construye su verosímil a partir de la posición enunciativa de quienes se presentan como testigos directos de los hechos. Este recurso sugiere un acceso aparentemente no mediado al pasado, dotando a los testimonios de un halo de autenticidad que pretende colocarlos más allá de toda crítica o revisión, posicionándolos como verdades incuestionables. Para reforzar esta percepción de objetividad, el audiovisual incluye la intervención de Juan Bautista Yofre, periodista, autor de una serie de libros de corte «revisionista» y actual Director de la Escuela Nacional de Inteligencia. Su participación introduce un discurso que se autoproclama imparcial y fundado en hechos históricos, aportando al relato un peso adicional bajo la apariencia de rigor académico y neutralidad.

A través de estas voces “autorizadas”, el audiovisual procura ofrecer una intervención memorial que se presenta como “completa” y libre de parcialidades, con el propósito declarado de corregir la “verdad sesgada” que, según esta narrativa, habría dominado gran parte del período democrático.^{^[37]} En este marco, la idea de una “memoria completa” se configura como condición sine qua non para alcanzar una supuesta “verdad histórica plena”, capaz de clausurar, de manera definitiva, las disputas sobre el pasado reciente.^{^[38]}

Así pues, el audiovisual construye una narrativa que presenta a una víctima y un victimario, centrándose exclusivamente en la violencia originada por los atentados, secuestros y asesinatos perpetrados por las organizaciones armadas durante la década de los 70. La víctima evoca el momento de un atentado con una descripción cargada de afectividad, en la que la vida familiar y religiosa ocupa un lugar central. Su testimonio es acompañado por imágenes que muestran fotografías de sus seres queridos, reforzando la dimensión emocional del relato. Por otro lado, el victimario se presenta como un integrante de la juventud de los años 70 que, en sus propias palabras, “se alzó en armas, chocó contra un muro y quedó destruida”. Las imágenes que ilustran su testimonio muestran una juventud movilizada y potencialmente amenazante, delineando una caracterización que contrasta con la victimización de su contraparte.

Los testimonios se alternan en el montaje, estableciendo un juego de contrapuntos en el que las voces parecen dialogar indirectamente. Aunque los protagonistas no miran a cámara, sus miradas y posturas corporales se disponen como si estuvieran en un reconocimiento mutuo, una suerte de reconciliación simbólica que da fundamento a la “verdad” que el audiovisual intenta restituir. Sin embargo, este aparente equilibrio opera sobre un juego de ocultamiento y silenciamiento deliberado. El relato omite cualquier referencia al carácter sistemático del plan de desaparición forzada implementado por la dictadura militar, relegando esta dimensión a una lejana insinuación. En su lugar, refuerza la idea de una “guerra” en la que ambos bandos se enfrentaron como “combatientes”, diluyendo la responsabilidad estatal y transformando a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en actores de un conflicto simétrico.

El audiovisual insiste en esta verdad de la “guerra” mientras alude a una supuesta negación que origina su propia afirmación: el rechazo del discurso democratico a señalar a los guerrilleros como parte central de la memoria histórica. Fueron justamente estos mismos “guerrilleros”, derrotados en combate, quienes lograron posicionarse como victoriosos con el regreso de la democracia, silenciando la “guerra” y las acciones violentas bajo el amparo de un lenguaje humanitario, dando lugar “al gran negocio de los desaparecidos”. Desde entonces, de acuerdo a esta mirada, la cifra de 30.000 desaparecidos —descrita como una categoría falsa y manipulada— se convierte en una causa política que permite trazar una continuidad entre quienes, sacaron provecho de ella de manera corrupta a lo largo de los años: los terroristas, los organismos de derechos humanos y los gobiernos kirchneristas. La mirada a cámara del periodista escenifica esta denuncia – un desocultamiento- y la traduce en una afirmación contundente:

“No se contó de manera completa la historia por varias razones. Lastimosamente se hizo por plata. (…) Y se hizo por plata, porque hubo un reconocimiento para quienes destrozaron la Argentina (…) Estamos hablando de cifras enormes, de 200000 dólares para cada uno. Como iban a condenar al terrorismo si el terrorismo estaba en el gobierno de Kirchner.” (Yofre, 24 -03-2024)

Este fragmento condensa el núcleo de la narrativa oficialista que se replicará -con variaciones- en otras intervenciones memoriales del gobierno: el silenciamiento de la “guerra” y sus víctimas se debe a un acto de corrupción y manipulación política orquestada por los mismos “terroristas” que, según esta versión, no solo participaron de la violencia armada en los años 70, sino que posteriormente ocuparon el Estado nacional durante los gobiernos kirchneristas.^{^[39]} En esta narrativa, pasado y presente se intersectan en una continuidad manifiesta. La historia reciente se reescribe como un conflicto sin resolver, donde el enfrentamiento contra los “terroristas” del pasado se desplaza metonímicamente hacia los militantes, dirigentes y funcionarios identificados con el kirchnerismo en el presente. De este modo, el relato de la “guerra” no solo adquiere un nuevo vigor, sino que se cuela, nutre y revitaliza la “batalla cultural” contra los adversarios políticos en el presente.

El reclamo por una memoria completa que, como vimos había surgido al interior de la familia militar para disputar sentidos en torno a la memoria de los detenidos-desaparecidos, gana fuerza en su tensión con las políticas de memoria implementadas por el kirchnerismo y se actualiza en un nuevo espacio de invocación y circulación con el triunfo de la LLA. En efecto, sobre esa “memoria completa” de la “guerra”, el proyecto político encabezado por Javier Milei procura nutrir parte de sus rasgos fundacionales y su vocación de representar una nueva etapa para el país. Una etapa que, no obstante, proyecta nuevas batallas que se nutren de las narrativas memoriales y que prometen, como han sostenido con insistencia, una reparación moral (y económica) para las “víctimas del terrorismo”.

Conclusiones

Durante la contienda electoral de 2023 y en los primeros meses de gobierno, LLA hizo pública su posición respecto de las memorias sobre el pasado reciente en un clima de fuerte polarización política. La trayectoria de Victoria Villaruel fue decisiva en el ordenamiento de un discurso que retoma sentidos y figuras que, hace casi cinco décadas, circularon como justificación del golpe de Estado y proponían, en este nuevo contexto, una resignificación de hechos y personas y de víctimas y victimarios. Pero, sobre todo, el posicionamiento memorial de la LLA alienta una gramática del enfrentamiento donde se trasvasan los enemigos de ayer con los adversarios de hoy. Esto es, entre los enemigos de aquella “guerra antisubversiva” señalados como “terroristas” y los adversarios de hoy quienes, desde la transición, lograron -no sin marchas y contramarchas- universalizar demandas y sentidos en torno al reconocimiento de violencia perpetrada sobre los desaparecidos y sus familias: los organismos de derechos humanos y, con ellos, más recientemente los gobiernos kirchneristas.

Ahora bien, como mostramos en este artículo, esta nueva configuración memorial tomó forma en tensión y disputa con el ciclo político iniciado por el gobierno de Néstor Kirchner en 2003 y especialmente con el devenir de su posicionamiento sobre el pasado reciente. Fue así que se abrió paso a un tiempo y espacio conflictivo de polarización cuyas repercusiones semánticas tensaron y progresivamente alteraron lo que se podía decir y escuchar sobre el pasado reciente. Bajo esta nueva coyuntura contenciosa, el reclamo por “memoria completa” tomó fuerza en la medida en que, por un lado, sostenía la crítica de “parcialidad “ de una memoria que ponía en escena al mismo tiempo la condición de víctima y de militante político de los desaparecidos -y se reconocía en esas trayectorias- y; por el otro, disputaba el discurso de los derechos humanos y la modulación vernácula de la narrativa humanitaria en un intento por inscribir el reconocimiento social de las víctimas de las organizaciones armadas.

Una vez en el gobierno, la LLA profundizó este repertorio de narrativas y representaciones de “memoria completa”. Se trata justamente de la apelación a una memoria que, al mismo tiempo que busca reponer y completar eso que señala críticamente como una falta, desconsidera y rechaza la memoria con la que polariza. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta este doble gesto de afirmación y rechazo? Por una parte, LLA reclama el reconocimiento de las “víctimas del terrorismo” y, para eso apela al lenguaje de los derechos humanos y a la narrativa humanitaria con las consignas “memoria, verdad y justicia” acuñada por los familiares de los desaparecidos. Y, por otra parte, acusa de “parcial” y “mentirosa” la memoria de los desaparecidos y señala como “corruptos” e “inmorales” a los organismos de derechos humanos y, en consecuencia, al kirchnerismo. De modo que es habitual que la demanda de reconocimiento a las “víctimas del terrorismo” se complete con la afirmación “No son 30.000”.^{^[40]}

Como ya señalamos, estos gestos controversiales han sido mayormente abordados bajo la idea de “negacionismo”. No obstante, como categoría de intelección el “negacionismo” ha demostrado ciertas dificultades en términos histórico-políticos. Su uso extendido ha tendido a reducir la comprensión del fenómeno memorial vigente a una operación dicotómica cuyo rasgo central ha sido la negación y/o distorsión de los hechos ocurridos durante la última dictadura. Estos análisis se han enfocado principalmente en revelar las intenciones y acciones —a menudo encubiertas— de las fuerzas políticas de derecha, con el objetivo de desmentir la sistematicidad de los crímenes del terrorismo de Estado y, por ende, la responsabilidad de sus perpetradores. Sin embargo, no han prestado suficiente atención a otros aspectos igualmente importantes para comprender las iniciativas memoriales de esta fuerza política. Raramente, los usos de esta categoría han considerado los posibles efectos normativos y esencialistas que pueden surgir de esta “empresa develadora”. En general, se ha presentado de manera unidimensional como el contrapunto con una verdad que se asume cristalizada y garantizada, perdiendo de vista la raigambre ético-política que subyace en su trabajosa tarea de construcción desde los años de la dictadura y en las luchas políticas que, en última instancia, esa construcción aún conlleva.^{^[41]} Por lo tanto, limitar el análisis del discurso de la derecha a la simple negación de una verdad no solo corre el riesgo de simplificar y reificar la condición permanente del trabajo de construcción de esa verdad, sino que también degrada el estatuto social y político de las fuerzas en disputa, que producen su propia narrativa y luchan por resignificar el campo de los derechos humanos y las memorias sociales, y cuyas versiones del pasado tienen implicaciones éticas concretas para el futuro democrático.

Estos señalamientos no buscan ignorar los constantes esfuerzos de las fuerzas de la extrema derecha por poner en entredicho la condena amplia de la experiencia dictatorial, ni tampoco menospreciar sus intentos de horadar las luchas colectivas por los derechos humanos de los últimos cuarenta años de democracia. Entre estos esfuerzos, se señala el cuestionamiento extendido a la existencia de un relato (por caso kirchnerista) que debe ser desarticulado por “mentiroso” en pos de la revalorización del discurso de la “guerra”, los “excesos” y los “combatientes”. Otros esfuerzos se centran en la acusación de corrupción como modo de desacralizar la trayectoria de organismos de derechos humanos para reinterpretar su lucha como parte de intereses espurios signados por el cálculo económico y partidista. Por el contrario, señalar estos esfuerzos procura -como propusimos en el presente artículo- complejizar estos gestos controversiales para poder comprender su sentido político. Pues este fenómeno memorial no sólo alude a una ofensiva provocadora que busca desvirtuar la existencia del terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad, sino que remite a iniciativas más amplias -y de sesgo autoritario- que implican la configuración de nuevos modos de identificación política construidos sobre huellas y significados del pasado que, si bien parecían habitar los confines democráticos, no dejaron de permanecer en la vida política de Argentina. En suma, con sus críticas y rechazos, esta fuerza política busca crear una nueva temporalidad histórica, y establecer una periodización alternativa a la narrada desde la reapertura democrática, produciendo nuevas series de acontecimientos y procesos, identificando nuevas responsabilidades y víctimas, y sobre todo, aspirando a construir una memoria del pasado reciente que interpele a las mayorías y les permita, sobre todo, fundar un presente donde -distanciándose de los destellos democratizantes del siglo XX- puedan legitimar su propio devenir y la batería de iniciativas que proponen.

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^{^[1]} Este artículo forma parte del proyecto «Reconfiguraciones y nuevas emergencias memoriales en torno al pasado reciente: disputas, narrativas, actores y políticas durante el ascenso de la derecha en Argentina (2008–2019)», dirigido por Valentina Salvi y radicado en el Centro de Investigaciones Sociales, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)/Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), Universidad Nacional de Tres de Febrero. El proyecto fue financiado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación a través del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica, Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica (PICT 2020-00470). Agradecemos a los miembros del proyecto y, asimismo, especialmente a Cinthia Bale, Virginia Morales y Sebastián Barros por sus atentas lecturas y sus valiosos comentarios.

^{^[2]} LLA es una coalición política de orientación libertaria fundada en el año 2021 y considerada como una manifestación de la nueva derecha radical en Argentina. Su posicionamiento político resulta de la “fusión” de diversas tradiciones de derecha existentes en el país (Morresi y Vicente 2023), y su novedad radica en su giro anti-elitista y popular, con fuerte presencia en las redes sociales y una postura neoliberal agresiva (Semán 2023).

^{^[3]} Entre los que se encuentran Asociación Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, Familiares de detenidos-desaparecidos y Asociación de Ex detenidos-desaparecidos.

^{^[4]} Cabe señalar que el estudio de las memorias promovidas por las fuerzas políticas de extrema derecha es aún incipiente en Argentina (Barros y Salvi 2022) y a menudo se aborda de manera tangencial en investigaciones que buscan comprender el origen y funcionamiento de este espacio de representación política ciertamente novedoso (Semán 2023; Stefanoni 2021). No obstante, en los últimos años, el proceso de resemantización memorial desencadenado por la polarización a partir del ciclo político kirchnerista ha recibido mayor atención. Estos estudios se han centrado en diversos aspectos de este proceso en el marco de la expansión de fuerzas políticas de derecha dispuestas a poner en entredicho ciertos acuerdos post-dictatoriales. Por un lado, se ha destacado el ímpetu de cambio en las políticas de memoria y derechos humanos durante el gobierno de la Alianza Cambiemos liderada por Mauricio Macri (2015-2019) (Barros 2017; Balé 2023). Con ese telón de fondo, se ha subrayado la aparición del “diálogo” como dispositivo y modo de gestión del pasado reciente (Saferstein y Goldentul 2019; Goldentul y Saferstein 2020; Salvi 2023) y se ha advertido sobre las transformaciones memoriales más amplias en términos sociales y políticos que se produjeron y profundizaron entre los años que van desde 2008 al 2019 (Salvi y Messina 2023; Morales 2022; Barros y Morales 2019; Quintana, 2023). Además, se ha observado la emergencia del activismo de los hijos e hijas de represores condenados (Goldentul 2021) y la proliferación de producciones culturales y académicas consideradas “revisionistas” (Saferstein 2017; Oberti y Pittaluga 2016; Campos 2021). Por otro lado, se ha abordado la dinámica de este proceso de reconfiguración memorial en clave de “negacionismo” (Thus 2017; Canelo 2019; Giordano y Rodríguez 2019), aunque también, en algunas ocasiones se ha puesto en entredicho estas valoraciones en favor de la figura de “afirmacionismo” (Lvovich y Grinchpun 2022).

^{^[5]} Aquí interesa señalar que nuestra indagación se enfoca principalmente en el discurso político que se despliega en las voces de los principales protagonistas de LLA a los fines de aportar a la comprensión de los esfuerzos que dicho proyecto político lleva adelante. Por lo tanto, no es nuestra intención, indagar en las implicancias de dicho discurso a nivel de las subjetividades de sus militantes, seguidores y simpatizantes, ni tampoco avanzar en la exploración de los procesos de rearticulación que se producen en la base de la sociedad. Véase los trabajos de Vázquez (2023) y Semán y Welschinger (2023).

^{^[6]} Se analizarán también las declaraciones individuales y oficiales en medios nacionales y a las intervenciones en redes sociales y el corpus se completa con notas periodísticas de los principales diarios de tirada nacional.

^{^[7]} La “impunidad” se convirtió en problema público en la crisis del 2001, poniendo en primer plano la clausura de la persecución penal a los represores tras las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) y los indultos presidenciales (1989-1990), como también las denuncias de corrupción que afectaron a la administración menemista (Schillagi 2012, Barros, 2009).

^{^[8]} Desde 2006, se celebraron, en los tribunales federales de todo el país, juicios por crímenes de lesa humanidad, en los que el Estado Nacional fue querellante. Al final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, 632 represores fueron condenados y más de la mitad se encontraban detenidos en cárceles a pesar de su avanzada edad (CELS 2013).

^{^[9]} Entre otras iniciativas, el Poder Ejecutivo ordenó desclasificar la información vinculada al accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura, mediante el decreto presidencial 4/2010. También se fortalecieron las políticas de apoyo al Bando Nacional de Datos Genéticos y a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad para la búsqueda de niños y niñas apropiados durante la dictadura.

^{^[10]} Entre 2003 y 2015, 32 centros de detenciones ilegales se convirtieron en Sitios de Memoria y Promoción de los Derechos Humanos, y se señalizaron otros 219.

^{^[11]} Esta interpretación se nutrió de las lecturas que las propias organizaciones de familiares habían sostenido a partir de los años noventa (Cueto Rua 2009)

^{^[12]} Tras una medida que modificaba el sistema de retenciones impositivas a la exportación de productos primarios, se produjo una reacción corporativa de las entidades agropecuarias que sumó el apoyo de otros sectores sociales conformando un arco opositor al kirchnerismo. (Barsky y Dávila 2008)

^{^[13]} Como señala Trímboli (2017), durante el kirchnerismo, se retomó la voz de los sobrevivientes y de aquellos militantes que buscaban reparación siendo convocados en la escena estatal. Sin embargo, el relato de los derechos humanos se institucionalizó y se convirtió en una narrativa dominante que, si bien reparadora, también tendió a simplificar y homogeneizar las complejidades del pasado reciente.

^{^[14]}La relación entre el todo y la parte es importante para comprender las dinámicas políticas de los discursos populistas (Laclau 2005). Como bien señala Aboy Carlés (2005), siguiendo a Ernesto Laclau, el discurso populista oscila entre la parte y el todo: a veces es la parte la que se presenta como víctima de un agravio, mientras que en otras ocasiones se afirma como la representación del todo comunitario. Véase también la interpretación de Sebastián Barros al respecto (Aboy et al., 2013).

^{^[15]} El Encuentro Memoria Verdad y Justicia que congrega a más de 100 organizaciones mantuvo una posición crítica al gobierno. Ver Documentos en https://web.archive.org/web/20160809091838/https://encuentromvyj.org/

^{^[16]} La consigna “memoria completa” es una demanda que nace en el seno de la familia militar a mediados de la década del 90’ y, con la judicialización de las violaciones a los derechos humanos a partir de 2006, comenzó a tener mayor visibilidad en el espacio público (Salvi 2012).

^{^[17]} Entre las más destacadas ver Juan Bautista Yofre (2007, 2008, 2009 y 2010) y Ceferino Reato (2008, 2010 y 2013)

^{^[18]} Ver Vezzetti (2009) y Hilb (2013).

^{^[19]} Ver también Torre (2004), Carnovale (2006) y Sarlo (2011).

^{^[20]} Ver Romero (2008). En reiteradas ocasiones, se cuestionó también al gobierno de evadir un debate pendiente en torno a las responsabilidades políticas de los protagonistas de las luchas armadas de los años setenta (Hilb 2013).

^{^[21]} En 2011 se inició la causa judicial por desvíos de fondos públicos efectuados en el marco de la construcción de viviendas realizadas por la misión “Sueños Compartidos” de la Asociación Madres de Plaza de Mayo a cargo de Hebe de Bonafini.

^{^[22]} Mauricio Macri sostuvo que “Mi gobierno ha sido defensor de los derechos humanos, de la libertad de prensa, acceso a la salud y la educación. Ahora los derechos humanos no son Sueños Compartidos y los curros que han inventado. Con nosotros, todos esos curros se acabaron» (La Nación, 8-12-14).

^{^[23]}Dicha expresión fue utilizada por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural al anunciar la “necesidad de deskirchnerizar la ESMA”, (La Nación, 03-01-2016).

^{^[24]} Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultura (Infobae, 28-01-2016).

^{^[25]} Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos aplicable al período 2017-2020. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_de_derechos_humanos_2018.pdf

^{^[26]} De este modo, no sólo se consideraría a las víctimas de la violencia del terrorismo de Estado, sino también a las víctimas de la violencia política de los años 70, así como a las víctimas de la inseguridad, del terrorismo internacional, de la corrupción, de la guerra de Malvinas, entre otras.

^{^[27]} La agrupación Jóvenes Republicanos colocó “bolsas mortuorias”, con carteles que nombraban a funcionarios kirchneristas y activistas en derechos humanos, en las puertas de la Casa Rosada para evocar a las personas muertas por COVID 19. (Página 12, 28-02-2021)

^{^[28]} En noviembre del 2021, Victoria Villarruel y Javier Milei fueron electos diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires.

^{^[29]} Un momento en el que, en palabras de Foucault (2003, 74), “un campo de experiencia se vuelve un problema, provoca discusión y debate, incita nuevas reacciones e inducen una crisis en la conducta, hábitos, prácticas e instituciones previamente silentes”.

^{^[30]} El historiador francés Henry Rousso (1987) acuñó el término negacionismo en el marco de los debates tras la aparición de los libros de Paul Rassinier y Robert Faurisson que negaban la existencia de los campos de concentración y la magnitud y las causas del exterminio de judíos por el nazismo.

^{^[31]} La transversalidad que adquirió esta categoría involucra tanto los descréditos a los genocidios cometidos sobre los pueblos indígenas hasta el rechazo a la vacunación en tiempos de pandemia o el desconocimiento del cambio climático.

^{^[32]} A fines de los 90’, con el surgimiento de la consigna de “memoria completa” en el seno de la familia militar, la figura de “víctima del terrorismo” se construyó en reflejo y tensión con la categoría socialmente legitimada de “víctima del terrorismo de Estado”. Eso permitió la igualación de las trayectorias y padecimientos con los desaparecidos y la actualización de la teoría de los dos demonios y, en consecuencia, la deshistorización de las diferentes violencias (violencia estatal y la violencia política), diluyendo así la responsabilidad de las fuerzas armadas. (Salvi 2012)

^{^[33]} La grabación completa del Acto puede se encuentra disponible en https://www.youtube.com/watch?v=mmdhQAd5HM8&t=2482s.

^{^[34]} La noción de guerra junto con la de “guerra antisubversiva” o “guerra sucia” perdió legitimidad a medida que las acciones represivas fueron asociadas con acciones criminales cometidas por el Estado tras el informe de la CONADEP y el Juicio a las Juntas Militares (Salvi 2015). De igual modo, la reaparición de la noción de “excesos” elaborada por los miembros de la Junta Militar para señalar el carácter individual y fuera del control por parte de los superiores del secuestro, tortura, asesinato y desaparición de personas cometidos por las Fuerzas Armadas resulta un quiebre simbólico y político con la planificación y sistematicidad demostradas en 300 sentencias judiciales.

^{^[35]} La emisión de un video como única iniciativa conmemorativa institucional, al igual que lo ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri, permitió no solo restar relevancia a la conmemoración instaurada por el gobierno kirchnerista al declarar el 24 de marzo como feriado, sino que también buscó resignificar el sentido de esta fecha.

^{^[36]} Se trata de Maria Fernanda Viola y de Luis Labraña. Ver https://www.youtube.com/watch?v=dcHv_BNdVAI

^{^[37]} El énfasis en esta noción de completitud se manifiesta de manera explícita desde el inicio del audiovisual. La obra abre con una placa en la que se lee: “Día de la Verdad, Memoria y Justicia,” a la que se le añade la palabra “completa.” Este gesto inicial no busca negar la conmemoración, (como podría esperarse desde una actitud negacionista) sino hacer con eso algo distinto, resignificarlo a través de un nuevo desplazamiento significativo.

^{^[38]} Como sugieren las palabras del periodista, “si no se recupera la memoria completa, la Nación pierde su esencia”, y “olvida lo que es y ha sido”.

^{^[39]} Los dos videos conmemorativos posteriores retoman y despliegan esta misma matriz argumental, dinámica que también se verifica en intervenciones de funcionarios del gobierno en foros internacionales, en la adopción de medidas concretas y en diversas declaraciones públicas.

^{^[40]} https://www.youtube.com/watch?v=gOC6RqzYLmI

^{^[41]} Entendemos con Feld y Salvi (2020, 28) la noción de verdad como una categoría histórica nacida al calor del proceso social desde finales de la dictadura. Esta categoría refiere al mismo tiempo a la denuncia pública del silencio que implica la desaparición (la “Verdad” como demanda) y a una práctica activa de construcción llevada adelante por organismos e instituciones que, a lo largo del tiempo, han permitido reconstruir la modalidad represiva (la Verdad como construcción colectiva). Ahora bien, esta noción de verdad no se reduce al sentido estrictamente literal de las formulaciones fácticas, esto es, a esa información, sin dudas, vital e imprescindible sobre la desaparición de personas, sino que conlleva una dimensión ética de reconocimiento y comprensión del horror de los crímenes cometidos.

Mercedes Barros

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Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Master of Arts in Theory and Practice of Human Rights y PhD en Ideology and Discourse Analysis por la University of Essex, Reino Unido. Actualmente se desempeña como Investigadora Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con sede en el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio de la Universidad Nacional de Río Negro. He dictado cursos y seminarios de grado y posgrado en diversas universidades nacionales e internacionales, entre ellas la Universidad de Essex (Reino Unido), la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Helsinki (Finlandia), la Universidad de Gotemburgo (Suecia) y la Universidad de Södertörn (Suecia). Es directora del Grupo de Investigación Peronismo y Subjetividad Política, radicado en el Centro de Conocimiento, Formación e Investigación en Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Villa María, y co-directora del proyecto Populismo, democracia y Estado de derecho: un estudio sobre reconfiguraciones de derechos en experiencias políticas de Argentina, con sede en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Entre sus publicaciones se destacan el libro "El discurso y el movimiento de derechos humanos en Argentina" (2012); los volúmenes co-editados "Ideología, Estado, Universidad" (2019) y "Métodos" (2017); y el reciente libro editado "'Justicia quiero pedir...': Política a la carta" (2026).

Valentina Salvi

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Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Estadual de Campinas, Brasil. Investigadora Independiente del CONICET con sede en el Centro de Investigaciones Sociales en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (CIS-CONICET/IDES-UNTREF). Fue directora del Núcleo de Estudios sobre Memoria entre 2015-2021 y es miembro de su Consejo Académico. Desde 2022 se desempeña como Secretaria del IDES y es Coordinadora Académica de IDES-UNTREF. Dicta cursos posgrados en Programa de Posgrado de IDES-UNTREF. Profesora Titular del Departamento de Arte y Cultura de la Universidad de Tres Febrero. Co-dirige junto a Luciana Messina ¿Qué están haciendo las derechas con los 70? “Memoria Completa”, banalización de la dictadura y goce con el padecimiento de las víctimas (Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2026), con Claudia Feld Las voces de la represión. Declaraciones de perpetradores de la dictadura argentina. (Miño y Dávila, Buenos Aires, 2019). Es autora de De vencedores a víctimas. Memorias castrenses sobre el pasado reciente en la Argentina (Biblios. Buenos Aires, 2012).

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Political polarization and negationism: disputes over memory in times of the far-right in Argentina. Polarización política y negacionismo: disputas sobre la memoria en tiempos de la extrema derecha en Argentina.[1]

Introducción

La política de memoria y derechos humanos del kirchnerismo: entre la “lucha contra la impunidad” y la reivindicación de la militancia setentista.

Narrativas memoriales en tensión: la articulación de un campo semántico de disputa sobre el pasado reciente.

Las respuestas ante las controversias memoriales: el negacionismo, la batalla cultural y los avatares de la derecha libertaria

Conclusiones

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[3] Entre los que se encuentran Asociación Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, Familiares de detenidos-desaparecidos y Asociación de Ex detenidos-desaparecidos.

[6] Se analizarán también las declaraciones individuales y oficiales en medios nacionales y a las intervenciones en redes sociales y el corpus se completa con notas periodísticas de los principales diarios de tirada nacional.

[10] Entre 2003 y 2015, 32 centros de detenciones ilegales se convirtieron en Sitios de Memoria y Promoción de los Derechos Humanos, y se señalizaron otros 219.

[11] Esta interpretación se nutrió de las lecturas que las propias organizaciones de familiares habían sostenido a partir de los años noventa (Cueto Rua 2009)

[12] Tras una medida que modificaba el sistema de retenciones impositivas a la exportación de productos primarios, se produjo una reacción corporativa de las entidades agropecuarias que sumó el apoyo de otros sectores sociales conformando un arco opositor al kirchnerismo. (Barsky y Dávila 2008)

[15] El Encuentro Memoria Verdad y Justicia que congrega a más de 100 organizaciones mantuvo una posición crítica al gobierno. Ver Documentos en https://web.archive.org/web/20160809091838/https://encuentromvyj.org/

[16] La consigna “memoria completa” es una demanda que nace en el seno de la familia militar a mediados de la década del 90’ y, con la judicialización de las violaciones a los derechos humanos a partir de 2006, comenzó a tener mayor visibilidad en el espacio público (Salvi 2012).

[17] Entre las más destacadas ver Juan Bautista Yofre (2007, 2008, 2009 y 2010) y Ceferino Reato (2008, 2010 y 2013)

[18] Ver Vezzetti (2009) y Hilb (2013).

[19] Ver también Torre (2004), Carnovale (2006) y Sarlo (2011).

[20] Ver Romero (2008). En reiteradas ocasiones, se cuestionó también al gobierno de evadir un debate pendiente en torno a las responsabilidades políticas de los protagonistas de las luchas armadas de los años setenta (Hilb 2013).

^{^[3]} Entre los que se encuentran Asociación Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, Familiares de detenidos-desaparecidos y Asociación de Ex detenidos-desaparecidos.

^{^[6]} Se analizarán también las declaraciones individuales y oficiales en medios nacionales y a las intervenciones en redes sociales y el corpus se completa con notas periodísticas de los principales diarios de tirada nacional.

^{^[10]} Entre 2003 y 2015, 32 centros de detenciones ilegales se convirtieron en Sitios de Memoria y Promoción de los Derechos Humanos, y se señalizaron otros 219.

^{^[11]} Esta interpretación se nutrió de las lecturas que las propias organizaciones de familiares habían sostenido a partir de los años noventa (Cueto Rua 2009)

^{^[15]} El Encuentro Memoria Verdad y Justicia que congrega a más de 100 organizaciones mantuvo una posición crítica al gobierno. Ver Documentos en https://web.archive.org/web/20160809091838/https://encuentromvyj.org/

^{^[16]} La consigna “memoria completa” es una demanda que nace en el seno de la familia militar a mediados de la década del 90’ y, con la judicialización de las violaciones a los derechos humanos a partir de 2006, comenzó a tener mayor visibilidad en el espacio público (Salvi 2012).

^{^[17]} Entre las más destacadas ver Juan Bautista Yofre (2007, 2008, 2009 y 2010) y Ceferino Reato (2008, 2010 y 2013)

^{^[18]} Ver Vezzetti (2009) y Hilb (2013).

^{^[19]} Ver también Torre (2004), Carnovale (2006) y Sarlo (2011).

^{^[20]} Ver Romero (2008). En reiteradas ocasiones, se cuestionó también al gobierno de evadir un debate pendiente en torno a las responsabilidades políticas de los protagonistas de las luchas armadas de los años setenta (Hilb 2013).

^{^[21]} En 2011 se inició la causa judicial por desvíos de fondos públicos efectuados en el marco de la construcción de viviendas realizadas por la misión “Sueños Compartidos” de la Asociación Madres de Plaza de Mayo a cargo de Hebe de Bonafini.

^{^[23]}Dicha expresión fue utilizada por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural al anunciar la “necesidad de deskirchnerizar la ESMA”, (La Nación, 03-01-2016).

^{^[24]} Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultura (Infobae, 28-01-2016).

^{^[25]} Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos aplicable al período 2017-2020. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_de_derechos_humanos_2018.pdf

^{^[27]} La agrupación Jóvenes Republicanos colocó “bolsas mortuorias”, con carteles que nombraban a funcionarios kirchneristas y activistas en derechos humanos, en las puertas de la Casa Rosada para evocar a las personas muertas por COVID 19. (Página 12, 28-02-2021)

^{^[28]} En noviembre del 2021, Victoria Villarruel y Javier Milei fueron electos diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires.

^{^[29]} Un momento en el que, en palabras de Foucault (2003, 74), “un campo de experiencia se vuelve un problema, provoca discusión y debate, incita nuevas reacciones e inducen una crisis en la conducta, hábitos, prácticas e instituciones previamente silentes”.

^{^[31]} La transversalidad que adquirió esta categoría involucra tanto los descréditos a los genocidios cometidos sobre los pueblos indígenas hasta el rechazo a la vacunación en tiempos de pandemia o el desconocimiento del cambio climático.

^{^[33]} La grabación completa del Acto puede se encuentra disponible en https://www.youtube.com/watch?v=mmdhQAd5HM8&t=2482s.

^{^[36]} Se trata de Maria Fernanda Viola y de Luis Labraña. Ver https://www.youtube.com/watch?v=dcHv_BNdVAI

^{^[38]} Como sugieren las palabras del periodista, “si no se recupera la memoria completa, la Nación pierde su esencia”, y “olvida lo que es y ha sido”.

^{^[39]} Los dos videos conmemorativos posteriores retoman y despliegan esta misma matriz argumental, dinámica que también se verifica en intervenciones de funcionarios del gobierno en foros internacionales, en la adopción de medidas concretas y en diversas declaraciones públicas.

^{^[40]} https://www.youtube.com/watch?v=gOC6RqzYLmI