Crisis del Bienestar y Revuelta Popular: La impronta del cuidado como vía de emancipación social en Chile

(Éste es el tercer envío de nuestra serie COVID-19 in Latin America: Dispatches from the Southern Frontlines)

Resumen

El 3 de marzo el Ministerio de Salud confirmó públicamente el primer caso de coronavirus en el país. En esta fecha se cumplían cerca de cinco meses de uno de los estallidos sociales más grande que ha tenido la historia de Chile. Esta extensa revuelta popular se expresó en la irrupción de múltiples protestas a nivel nacional, en la aparición y el fortalecimiento de diversas organizaciones políticas no tradicionales. Y aunque fue detonada por una pequeña alza en el pasaje del tren subterráneo, indica la acumulación del malestar generado por el ordenamiento de una sociedad extremadamente desigual.[1] Este es el escenario que recibe en Chile la llegada de la pandemia por Covid-19, la de un país que desde hace casi cincuenta años implementa de manera ininterrumpida, profundos ajustes neoliberales que fueron impuestos por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet en 1975, y profundizados, por los gobiernos democráticos subsiguientes. Este texto tiene como objetivo elaborar una reflexión general en torno a la crisis actual desde una perspectiva genealógica, que permita analizar algunos elementos del periodo de postdictadura que son claves para comprender el presente.

Los límites de la democracia liberal

La ciencia política utiliza comúnmente la noción de ‘transición hacia la democracia’ para denominar un periodo de la historia de Chile que fue inaugurado por un pacto político dirigido por la dictadura militar. Y si bien es cierto que la contraparte de este convenio –organizada en una coalición de partidos de centro izquierda conocida como la Concertación–, tuvo una participación insignificante en el diseño de esta negociación, vivió un temprano alineamiento que significó el abandono de la voluntad democrática a cambio de una modernización productiva (Moulian, 1997). Este acuerdo, legitimado por el voto popular tras el triunfo del ‘no’ en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, ha operado como un mandato político y económico durante todo el periodo democrático, debido principalmente a la permanencia de la Constitución de la República de 1980. La mantención del texto constitucional, aunque con algunas reformas, es una de las condiciones que explican la persistencia del proyecto de la dictadura, sin embargo, el activo interés de los gobiernos democráticos ha sido clave para la consolidación de este modelo. Un elemento central para la comprensión de esta fase es la emergencia de una clase político-empresarial, conformada por militantes de los dos bandos políticos del pacto de transición, que se convirtió en beneficiaria directa de las transacciones gestionadas por el Estado mediante su proceso de liberalización económica.[2]

La vía institucional que asfaltó el camino hacia la actual democracia, abrió un periodo que preferimos nombrar, entonces, como postdictadura[3]. Elegimos, ante todo, usarla porque da cuenta de la realidad ficticia que intenta enunciar. Esto es el reconocimiento de un pasado interminable, un pasado que no pasa, y que convive con un presente que no encuentra contención en ninguna palabra. El presente como un lugar sin nombre, que indica el no- advenimiento de la democracia, que fija su negación. El largo ciclo de luchas populares que está abierto, ha demostrado que no es posible reducir el ejercicio democrático a un sistema de representación electoralista. La dimensión metaficcional de la noción ‘postdictadura’ es en este aspecto más adecuada para señalar el tiempo de una democracia que se fundó con senadores designados y vitalicios, con un sistema electoral binominal, un esquema tributario que no cobra impuesto a las grandes empresas transnacionales[4] y con un Estado que es el principal precarizador del empleo. ¿Qué tipo de democracia se puede organizar después de una dictadura militar si esta no ha sido capaz de construir una nueva relación entre política, economía y soberanía popular?

Los gobiernos que sucedieron al régimen militar implementaron una forma de democracia en la medida de las propias posibilidades que sus administraciones fueron cercenando, no abrieron paso hacia una experiencia democratizadora para los pueblos indígenas ni implementaron mecanismos de justicia en materia de derechos humanos que fueran capaces de terminar con los mecanismos de impunidad. El periodo postdictatorial está caracterizado por la democracia de un Estado autoritario, de un parlamento reservado a los partidos políticos –distante de las demandas de las grandes mayorías– y por el desarrollo de un plan económico estatal que subvencionó al sector privado, limitando progresivamente el acceso a los derechos sociales fundamentales. En otras palabras, podríamos afirmar que el Estado de Chile, hasta la actualidad, concesiona y mercantiliza los derechos básicos, subsidiando a los grandes grupos económicos, incentivando la acumulación de la riqueza y el lucro sobre ámbitos que son esenciales para la reproducción social de la vida.

La activa participación estatal en la invención y protección del capital privado impuso a la deuda como única ‘salida’ para sostener la vida de amplios sectores de la población. Estas condiciones determinaron un sistema productivo que sienta sus bases en la explotación y en el despojo. Esto se expresa concretamente en la privatización de una parte importante de los bienes comunes naturales[5], en la instalación de un sistema de pensiones organizado mediante un mecanismo previsional de ahorro forzado que es administrado por empresas privadas (AFP), en el establecimiento de un modelo sanitario que desmanteló el Sistema de Salud Pública y permitió la creación de Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES),[6] en la imposición de un sistema educativo mercantilizado y socialmente segregado,7 y entre otros, en la destrucción del derecho a una vivienda digna. El extractivismo ha desbastado amplios territorios, desplazando a sus habitantes o condenándolos a vivir en zonas de sacrificio.8 Estas dinámicas productivas están presentes en la apropiación que corporaciones transnacionales han hecho de importantes extensiones de tierra en diversos sectores del país, y particularmente en Wallmapu,[9] en donde han convertido territorios ancestrales de bosque nativo en zonas desérticas, empobreciendo y desarticulando a diversas comunidades mapuche. La experiencia de usurpación de la tierra indígena en Chile se ha sostenido a través de la historia, en tiempos de dictadura y democracia, sobre un conjunto de transacciones irregulares. Estas formas de corrupción no se han investigado y son el fundamento del conflicto que está abierto en la araucanía.

Estos mecanismos de expoliación cada vez son más comunes al interior del mundo del trabajo y en los sectores urbanos se está expresando de manera intensiva en un nuevo y disperso grupo de trabajadore/as que organiza su jornada en el pulso de la tracción humana de un delivery en bicicleta. Las actividades que permiten la satisfacción de las necesidades primordiales se transfiguran de manera acelerada también en zonas de sacrificio, en prácticas de sobrevivencia cada vez más amplias que hoy adquieren características inauditas. El neoliberalismo ha desdibujado los márgenes en los cuales el capital definía su espacio de explotación, ha hecho del trabajo fabril un territorio sin territorio y del Estado –como nunca antes– un instrumento de la clase empresarial que protege al mercado desregulado. La democracia en tiempos neoliberales parece haberse convertido aquí, y en tantos otros países, en una forma de administrar el capital y la explotación. Esta es la situación con la que se encuentra la llegada de la pandemia en Chile, la de un país bajo la administración de un gobierno empresarial que hoy encabeza las listas entre los países con peores manejos de la crisis, ocupando el tercer lugar en la región, después de Brasil y Perú, y demostrando incapacidades de todo tipo que no pueden comprenderse sino como la ausencia de voluntad política para el bienestar común.

Crisis sanitaria, hambre y desempleo

En Chile existen 2,1 camas hospitalarias[10] básicas por mil habitantes según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).11 Esta condición da cuenta de la insuficiencia que tienen los hospitales públicos para brindar atención a la población en tiempos normales y sin pandemia. En la actualidad, el 8% del PIB es destinado a salud, cifra cercana a los estándares que cumplen los países considerados desarrollados. Pero lo problemático –algo que no se señala comúnmente– es que menos de la mitad de este porcentaje del Gasto Público en sanidad es dirigido a la salud pública. En el país, cada año con la llegada del invierno, los centros de atención de urgencias colapsan con las enfermedades respiratorias. Un ejemplo que describe con nitidez las precarias condiciones que tiene la salud pública, es que en todo el sector norte de la Región Metropolitana existe únicamente un hospital, el Hospital San José. La infraestructura, los insumos y los recursos humanos de esta institución están planificados para dar atención a no más de 400.000 personas, cifra que durante el mes invernal de junio del año pasado superaba el millón.[12]

Es complejo referir números que sean certeros y que puedan otorgar un mapa claro en torno a la cantidad de personas que han perdido la vida por causa del Covid-19, en tanto que –a las dificultades en la recolección de los datos y en la construcción de indicadores precisos- se han sumado varias acusaciones en contra del gobierno por ocultamiento y manipulación de la información.[13] Este comportamiento tiene varios antecedentes formales a lo largo de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, y de otros, que forman parte de su trayectoria personal como empresario y como político. Múltiples casos de corrupción por los que ha sido formalizado, entre los que destacan la evasión del pago de contribuciones por una de sus propiedades durante treinta años, la emisión de facturas falsas (caso SQM), la colusión en la compra de acciones de Lan Cargo y el fraude contra el Banco de Talca por el cual se ordenó su arresto en 1982. Sin embargo, por sobre este extenso prontuario económico es imprescindible destacar los mecanismos de represión que su actual gobierno ha utilizado en contra de la movilización social desde octubre, por cuanto, dan cuenta de lo intacto que se encuentra la institucionalidad heredada de la dictadura. Este tipo de actuaciones han sido sostenidas contra el pueblo mapuche durante todo el tiempo de postdictadura y hoy se han visto generalizadas. Según las cifras publicadas por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, desde el inicio de las protestas en octubre y solo hasta el 30 de noviembre, treinta y una personas perdieron la vida en el marco del estallido social. Este informe señala que solo durante un mes y medio se registraron 5,558 denuncias por golpizas, violaciones, desnudamientos, abusos sexuales, amenazas y torturas, de las cuales 4,170 acusan a Carabineros de Chile de ser responsables. Y mientras hoy, 2,500 personas, en su mayoría jóvenes, se encuentran en la cárcel por haber participado en las manifestaciones, solamente 14 carabineros han sido suspendidos y desvinculados de sus funciones.[14] En su visita al país, durante el mes de noviembre, Amnistía Internacional, al igual que otras organizaciones de Derechos Humanos, constató que estos abusos cometidos por los organismos de seguridad del Estado corresponden a un manifiesto patrón de comportamiento y no son hechos aislados.[15] Esto se expresa con claridad en las 460 lesiones oculares, entre ellas se encuentran las agresiones sufridas por Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, quienes perdieron la visión total en sus dos ojos.

En ambos gobiernos, Sebastián Piñera designó como Ministro de Salud a Jaime Mañalich,[16] quién acumula también un listado importante de irregularidades, desde la reducción artificial de las listas de espera de pacientes durante su primera gestión[17] y hasta lo sucedido el recién pasado [13] de junio, que terminó de forzar su salida. En esta fecha se denunció que el ministerio estaba proporcionando a la Organización Mundial de la Salud un número superior de personas fallecidas de la cifra que entregaba diariamente a la ciudadanía.[18] La manipulación de los datos no debería producir tanta sorpresa si recordamos que el Instituto Nacional de Estadísticas durante la gestión anterior del presidente, modificó el resultado del CENSO poblacional realizado el año 2012.[19] Una vez hechas estas advertencias, referimos las cifras del gobierno, según las cuales en el balance publicado por el Ministerio de Salud el día 8 de agosto, se ha confirmado el contagio de 371,023 personas, la muerte de 10,011 y 2,201 nuevos casos por día, en un país con la cifra proyectada de 19,107,216 de habitantes.[20] A partir de estos datos la Universidad Johns Hopkins ubica a Chile en el octavo lugar de los países con mayores contagios y muertes por Covid-19 en el mundo.[21]

Las decisiones que el gobierno ha tomado para enfrentar la crisis han sido dogmáticas y deficientes, y están subordinadas al interés de proteger el crecimiento económico. La mayoría de las respuestas brindadas por el ejecutivo, ante las demandas que la población movilizada ha planteado, desde hace más de una década y especialmente a partir de octubre del año pasado, han terminado siendo capitalizadas y convertidas en negocios privados que frenaron toda intervención en la estructura económica y productiva. En este sentido, es que la política del bono de emergencia se instala como un imperativo financiero de las políticas públicas y es otra expresión de la debilidad de la democracia chilena. Así sucedió en materia de educación, cuando los gobiernos de turno no resolvieron los problemas que el Movimiento Estudiantil planteó con relevantes argumentos y movilizaciones principalmente durante los años 2006 y 2011.[22]

La actual crisis sanitaria en Chile se está viviendo en una sociedad extremadamente desigual, que tiene un Estado que no es garante de los derechos sociales y un gobierno policial, administrado por uno de los sectores más poderosos de la clase empresarial nacional. Los límites de la realidad son demasiado claros y no era difícil prever que los sectores empobrecidos serían quienes más sufrirían en una pandemia de no tomarse las medidas inmediatas para protegerlos. Las decisiones fueron, sin embargo, en dirección opuesta y mientras los grandes grupos económicos acudieron rápidamente al Estado para acogerse, por ejemplo, a la Ley de Protección de Empleo, para suspender contratos de trabajo y acceder a los fondos de cesantía estatales, el gobierno decretó toque de queda nocturno durante más de siete meses, con multas que llegan a bordear los $2,000 USD y penas de hasta diez años de cárcel, sacó a los militares a la calle y estableció cuarentenas de hambre para la clase trabajadora.[23]

El desempleo en Chile está alcanzando cifras históricas, según el Instituto Nacional de Estadísticas durante el trimestre abril-mayo-junio, la tasa de desocupación alcanzó un 12,2%.[24] Este porcentaje en la ciudad de Santiago llega al 15,6% para el mes de marzo, el más alto registrado durante los últimos veinte años.[25] El 50,7% de la población nacional en edad de trabajar corresponde a mujeres, no obstante, la tasa de trabajo remunerado para la población femenina es de un 42,7%, una de las mas bajas de la región. Si las personas que esta encuesta clasifica como “inactivas por quehaceres en el hogar”, se consideraran “ocupadas”, la participación femenina subiría hasta en un 68,8% como señala un reciente estudio de la Fundación Sol.[26] Esta situación, en un contexto de emergencia en el que se paralizan los accesos a escuelas, salas cunas y a las redes de apoyo, afecta particularmente a las mujeres, quienes ejercen mayoritariamente las labores de cuidado dentro del hogar. La feminización de los trabajos de cuidado –remunerados y no remunerados– sigue alcanzando cifras escandalosas en América Latina y el Caribe. En Chile, el 60% de las labores pagadas de las mujeres se concentran en cuatro áreas: los servicios sociales y de salud, la educación, el trabajo doméstico en casas particulares y el comercio. Estos son sectores de trabajo muy perjudicados por la pandemia, que comúnmente representan oficios de cuidado que están subvalorados y son sometidos a mayores condiciones de precariedad. El subsidio a los Estados y al capital financiero que ejercen las mujeres a través del trabajo doméstico, de las labores de cuidado y de crianza no asalariadas, estaría aportando a la economía, como mínimo, según la Oxfam, un valor añadido de 10,8 billones de dólares por día.[27] La división sexual del trabajo que ha feminizado las tareas de cuidado, sigue imponiendo un límite para la autonomía y la emancipación de las mujeres. La carga laboral en el interior de los hogares, y la violencia a la cual muchas mujeres son forzadas por sus propias parejas, se ha incrementado de manera alarmante durante el confinamiento, a pesar de esto, la gestión de la crisis sanitaria que ha hecho el gobierno no contempla medidas concretas en este ámbito. La Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres ha registrado 32 femicidios durante el año 2020.[28] Las políticas del cuidado siguen planteándose desde una perspectiva maternalista y esto implica a su vez una forma de violencia del Estado, en tanto que la diferencia materna continúa siendo utilizada para integrar a las mujeres excluyéndolas (Castillo, 2016).

Entre las medidas que el gobierno ha tomado para enfrentar la crisis económica, además de la entrega de dos cajas con alimentos no perecibles para cada grupo familiar en las zonas más afectadas, ha decretado un Plan de Emergencia Económica con dos lineamientos diferenciados: uno destinado a la clase media, y otro, a la clase baja. Este último, dirigido al pueblo pobre que pertenece al 80–90% de la población más vulnerable que se haya quedado sin ingresos formales durante la crisis actual. El plan contempla para este grupo un Ingreso Familiar de Emergencia temporal que permite la entrega –como máximo– de 130 USD por persona. El bono único para la clase media, en cambio, es de 660 dólares, especialmente para quienes puedan demostrar tener un ingreso entre $500 y $2,000 USD, que haya caído en un 30%. El gobierno ha focalizado tanto a la población que es beneficiaria de las medidas que ha planteado, que está excluyendo a amplios sectores de la sociedad, pero lo está haciendo además cruzando la información de quienes postulan con indicadores abstractos que no han sido definidos a priori en forma transparente. Esto quiere decir, por ejemplo, que, aunque un sujeto cumpla con todos los requisitos solicitados para ocupar un lugar “muy vulnerable”, si proyectan que se encuentra en edad laboral es probable que resten dinero del bono que recibirá. Esto está sucediendo. Por otro lado, es imprescindible preguntarse cuál es la naturaleza moral del supuesto que permite establecer un criterio para destinar un bono de dinero cinco veces menor a una persona que vive en condiciones de pobreza, del que se emite para alguien que ocupa un lugar en la clase media.

La pandemia ha develado el espíritu más perverso del capitalismo en el establecimiento de un criterio biopolítico que asigna valores para poder diferenciar cuales son las vidas que vale la pena mantener y cuales las que conviene dejar morir. La desechabilidad de la vida del pueblo pobre, del pueblo indígena, afrodescendiente, inmigrante y anciano, en los márgenes del neoliberalismo, se hace visible hoy más que nunca.

Feminismo, autonomía y transformación radical

La reflexión que hasta aquí se ha elaborado si bien se delimita al contexto chileno, tiene una dimensión global expansiva que es incuestionable. Esto es, la simultaneidad y el alcance de dos situaciones que se han vivido en un corto plazo en distintos lugares del planeta, como ha sido, por un lado, la emergencia de diversas explosiones sociales, y por otro, la aparición de la crisis sanitaria. Aunque cada experiencia contiene características que solo podrán comprenderse en la particularidad de su entramado histórico y sociocultural, a nivel macro y micropolítico, existe un universo común que las cruza: la geopolítica imperial de Estados Unidos, su ordenamiento hegemónico de la economía mundial y la rabia acumulada de los pueblos.

La llegada de la pandemia parece haber congelado una fase creciente de protesta global, caracterizada por el estallido de un profundo malestar popular en muy diversos territorios del planeta. Y, a pesar de las diferencias que tienen, percibimos un lugar común en ellas: el deseo de levantarse en contra de la política institucionalizada y en contra de sus élites económicas. Este deseo anticapitalista, que está presente en la primavera de octubre chilena, ha movilizado también las recientes protestas en Ecuador, Haití, Argelia, el Líbano, a los chalecos amarillos en Francia, los paraguas en Hong-Kong y hasta la Primavera Árabe. Entre las variadas movilizaciones de los últimos años, y el ciclo extenso de luchas anticapitalistas que inaugura de algún modo el alzamiento zapatista el primero de enero de 1994, reaparece desde el sur el llamado feminista como una potencia transfronteriza que tiene gran poder de convocatoria. La Huelga feminista del 8 de marzo, las masivas protestas en contra de los femicidios convocados por “NiUnaMenos”, la lucha global en defensa del aborto, el alcance mundial de la performance “un violador en tu camino,”[29] son algunas expresiones materiales de la fuerza internacionalista y antineoliberal que tiene el movimiento feminista en la actualidad[30]. El feminismo en el sur crece entre las organizaciones territoriales y forma un pilar clave en la revuelta de octubre.

La fase de protestas que está abierta en Chile y en varios países de Latinoamérica y el Caribe tiene, al igual que el movimiento feminista, importantes raíces en distintos movimientos sociales autónomos que se consolidaron en el pasado reciente. Pero ¿cómo se mantiene el fuego encendido de esta rebelión si al interés de aquellos que dan la orden de disparar a los ojos –y al de quienes la ejecutan– ahora se suma la fuerza de la invisibilidad de un virus? El año pasado ni si quiera el estado de sitio, ni la militarización de las ciudades, fueron capaces de sembrar el terror y terminar con las manifestaciones. Es que la desobediencia alcanzó límites sublimes en virtud del hartazgo. Y como es la lucha por la vida digna la llama que mantiene la huelga, fue el mismo pueblo que exigió la cuarenta total e inmediata a un gobierno que parceló desde el principio los cuidados, segregando por clase social. De esta manera, y ante el hambre, se han generalizado nuevamente las Ollas Comunes y aunque en ellas se entrelaza la esperanza de un futuro que es posible, también se marcan los relieves de las cicatrices que dejó la dictadura militar.[31] A pesar de las dificultades que la crisis está produciendo, y del miedo generalizado a enfermarse en esta situación de desamparo, existe el fortalecimiento de la ayuda mutua y la valentía de un pueblo que quiere una transformación radical de la sociedad en la que vive. En este sentido, la crisis puede abrir posibilidades para la transformación estructural, y tal vez, algunos pequeños logros como por ejemplo la reciente aprobación del retiro anticipado del fondo de pensiones, podrían ser el indicio de esto.[32] El retiro anticipado del 10% se obtuvo por la gestión de alguno/as parlamentario/as pero, por sobretodo, debido a la presión social que se generó en medio de la cuarentena a través de las redes sociales, manifestaciones y cacerolazos masivos. Este caso, aunque a su vez confirma el hecho de que la crisis la está pagando la clase trabajadora, porque es una reforma constitucional que no soluciona las deudas del Estado en materia de seguridad social, puede significar un avance para la larga lucha del fin del sistema de AFP.

Las prácticas de sobrevivencia comunes a la planificación cotidiana de vivir en la escasez, y en la deuda, hoy se conjugan con la intensificación de los vínculos de solidaridad social. No cabe duda alguna que sin la revuelta de octubre y sin la activación del movimiento feminista, las estrategias desplegadas por comunidades, organizaciones territoriales y por movimientos sociales, para enfrentar el hambre, el hacinamiento, las agresiones contra el pueblo mapuche, el aumento del desempleo, la violencia contra mujeres, disidencias sexuales y niña/os, no se estarían viviendo de la misma manera. La ausencia de las masivas manifestaciones en la vía pública no son precisamente señal de desmovilización social, y aunque algunas protestas se mantienen de manera aislada, en estos tiempos de encierro se han articulado nuevos espacios para sostener el estallido social, como es la activación de plataformas virtuales para mantener asambleas, campañas de denuncia y jornadas de protesta.[33] La mayor expresión de la resistencia que se ha realizado en este contexto, han sido las ocupaciones que principalmente mujeres mapuche han hecho de diversos municipios en Wallmapu, para hacer visible la nula respuesta del gobierno ante la extensa huelga de hambre que veintiocho presos políticos mapuche realizan desde hace más de tres meses y por la cual el Machi Celestino Córdova ha sido hospitalizado.[34]

La realidad ha superado toda abstracción y las instituciones democráticas han perdido legitimidad para amplias mayorías sociales. La magnitud de la experiencia de vivir la pandemia y el confinamiento, su masividad y sus consecuencias, han generalizado la desconfianza hacia el modelo de democracia representativa en todo su alcance. Esto es, entre otras cosas, la desconfianza hacia sus instituciones, pero también hacia el sistema financiero que viabiliza. Esta deslegitimación de los sistemas políticos, es decir, la crisis de la democracia liberal (Castells, 2017), que se ha acentuado en el contexto actual, podría estar señalando el inicio del fin de la supremacía neoliberal. Sin embargo, la crisis civilizatoria actual –que es la crisis del capitalismo y el patriarcado- aunque ha ampliado el deseo de una transformación radical de la sociedad desde la izquierda, y desde abajo, ha permitido también el ascenso de gobiernos neo-fascistas por la vía electoral. Estas dos situaciones que compiten, y se imponen como horizontes de posibilidad excluyentes, nos exigen volver a pensar en la aparición del fascismo como una forma de reivención del capital a partir del contexto actual y, a su vez, a reimaginar una izquierda antineoliberal y anticapitalista desde una volutad democrática radical. Esta radicalidad se hace imprescindible en Chile porque el neoliberalismo ha terminado de destruir la democracia, y paradojalmente, aquí también lo ha hecho en su nombre.

La coyuntura ha dado visibilidad a los grandes niveles de desigualdad que existen en Chile y a las formas concretas en que se materializa el abandono de los deberes democráticos del Estado. La desprotección estatal y el encierro punitivo impuesto han revitalizado problemáticas feministas de larga data que el movimiento ha vuelto a instalar con fuerza durante los últimos dos años. Las democracias y los partidos políticos, hoy en declive, participaron activamente en la creación del neoliberalismo, es decir, en la destrucción de lo público y en la experiencia generalizada de privación de derechos sociales. Pero también este proceso ha implicado la producción de aquello que Wendy Brown (2015) considera una racionalidad política. Y esto es un nudo central para pensar en la potencia transformadora del momento actual, puesto que nos recuerda la dimensión inmaterial que tiene el gobierno de la razón neoliberal, a partir de la cual se estableció un conjunto de imperativos morales que han moldeado conductas, relaciones sociales y subjetividades. Tratar al neoliberalismo en tanto racionalidad política nos fuerza a reconocer lo imposible que es estar por fuera de un mundo neoliberalizado, pero esto permite, a su vez, diferenciar e identificar sus mecanismos de gobernanza en la organicidad de la vida cotidiana. El trabajo feminista habita en este subsuelo, en la recomposición de las relaciones humanas y en el fortalecimiento de las redes de solidaridad, desdibujando los márgenes entre lo público y lo privado, para interrumpir el lugar más íntimo en el que se fraguan las subjetividades.

Foto por Javier Vergara, publicada con su autorización. http://javiervergara.cl/

Referencias

• Brown, Wendy. 2015. Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. New York: Zone Books.
• Castells, Manuel. 2017. Ruptura. La crisis de la democracia liberal. Madrid: Alianza Editorial.
• Castillo, Alejandra. 2016. Disensos Feministas. Santiago: Palinodia.
• Dragnic, Mia y Raúl Ortiz. 2016. “La mercantilización de la educación superior y la irrupción del movimiento estudiantil en Chile (2006/2011).” Revista temáticas (IFCH — UNICAMP), 24 (47/48).
• Gago, Verónica. 2019. La potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo. Buenos Aires: Tinta Limón, 2019.
• Hiner, Hillary. Violencia de género, pobladoras y feminismo popular. Santiago de Chile: Tiempo Robado, 2019.
• Moulian, Tomás.1997. Chile Actual Anatomía de un Mito. Santiago de Chile: LOM.
• Richard, Nelly. 2013. Crítica y política. Santiago de Chile: Palinodia.
• Valderrama, Miguel. 2018. Prefacio a la postdictadura. Santiago de Chile: Palinodia.

Notas

1.  Según el Banco Mundial Chile se encuentra entre los treinta países con peor distribución del ingreso en el mundo y es el país con mayores niveles de desigual que pertenece a la OCDE. https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=CL
2.  Al respecto, el Centro de Investigación Periodística CIPER, recientemente ha publicado una nómina de altos ejecutivos y asesores pagados por el sistema de AFP, conformada por 77 nombres de personas que han ocupado cargos públicos, de los cuales 41 son personajes políticos vinculados a la derecha y 36 a la ex Concertación. Aquí la referencia citada: https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/Nomina-directores-y-ejecutivos-AFP-con-nexos-pol%C3%ADticos.pdf https://ciperchile.cl/2020/07/24/el-escudo-politico-que-fallo-todos-los-nombres-de-la-ex-concertacion-y-la-derecha-que-se-han-puesto-al-servicio-de-las-afp/?fbclid=IwAR0QNGun0GcnwF5i3f5kb_5vtFr1yE4mvpFxkeGntqfbUtOaO4fRRAlgNmw
3.  Para profundizar en este debate consultar entre otros Richard (2013) y Valderrama (2018).
4.  Durante el gobierno de Patricio Aylwin se realizó una reforma tributaria que exime del pago de impuesto a las grandes empresas mediante la figura de la devolución de los impuestos. https://ciperchile.cl/2011/07/19/los-enormes-beneficios-tributarios-a-los-que-acceden-las-empresas-mineras-en-chile/
5.  En Chile el Código de Aguas de 1981, único en el mundo, otorgó derechos perpetuos y gratuitos sobre el agua al sector privado.
6.  Las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) son compañías de seguros de salud que al mismo tiempo son propietarias de centros de salud y clínicas a través de las cuales entregan servicios a sus clientes. Estas ISAPRES ajustan los cobros de sus membresías a los movimientos inflacionarios del valor de la Unidad de Fomento.
7.  Para profundizar en este tema consultar Dragnic y Ortiz (2016).
8.  En la costa central del país, específicamente en la bahía de quintero, Puchuncaví y Ventanas, se ha establecido una zona de sacrificio mediante la instalación de quince industrias contaminantes que generan energía. Lo/as habitantes de esta zona, especialmente las mujeres, han levantado una organización en defensa del territorio y de la vida muy significativa (‘Mujeres de zona de sacrificio quintero — Puchuncaví en resistencia’). Para profundizar consultar: Feminismo popular y territorios en resistencia: La épica lucha de las Mujeres de Zona de Sacrificio de Quintero-Puchuncaví’: https://cl.boell.org/es/2020/03/09/feminismo-popular-y-territorios-en-resistencia-la-epica-lucha-de-las-mujeres-en-la-zona) y ‘Aquí se respira lucha’: https://www.youtube.com/watch?v=O8yCjN1KDsM.
9.  Wallmapu es el nombre en Mapudungun que designa el territorio ancestral del pueblo Mapuche.
10.  Este indicador estima la satisfacción de la demanda, no la calidad de la salud que se ofrece por cuanto da cuenta de la cantidad de camas disponibles en hospitales, públicos y privados, que existen por cada mil habitantes. Según este criterio Chile se ubica por debajo de los estándares de los países desarrollados por la falta de más de 15 mil camas. Para profundizar en este ámbito consultar: http://www.ipsuss.cl/ipsuss/columnas-de-opinion/luis-barrios/que-infraestructura-necesita-la-salud-de-chile/2014-10-28/193648.html
11.  Datos tomados de: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/numero-de-camas-hospitalarias-por-cada-1-000-habitantes-ultimo-ano-disponible_8d6ae701-es
12.  Datos referidos por por lo/as funcionario/as del establecimiento en la siguiente nota:https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/06/08/950651/Colapso-en-Hospital-San-Jose-Funcionarios-piden-que-se-declare-alerta-sanitaria.html
13.  Entre otras acusaciones destaca la realizada por la periodista Alejandra Matus quien publicó datos del Registro Civil en los que se confirma la muerte de 4,201 personas por ‘enfermedades respiratorias’ entre el 3 de marzo y el 29 de abril. Esta cifra contrastó drásticamente con los 209 fallecimientos por Covid-19 anunciados por el gobierno. En el siguiente link se adjunta una nota en la que se plantea esta problemática y la respuesta del gobierno: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/05/15/polemica-por-cifras-de-fallecidos-gobierno-se-parapeta-en-la-version-de-que-la-fuente-oficial-es-el-deis-y-la-oposicion-exige-mayor-transparencia/
14.  Aquí la noticia: https://www.latercera.com/politica/noticia/carabineros-registra-desde-el-18-o-un-total-de-83-carabineros-sancionados-y-14-dados-de-baja-por-denuncias-de-abusos-o-excesos/RUS7Z2EDRBEW3N5NOCZHIX5PRQ/
15.  Informe Fiscalía de Chile de las violaciones a los Derechos Humanos. Disponible en: http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/sala_prensa/noticias_det.do?noticiaId=17285
    Instituto Nacional de Derechos Humanos. Informe Anual 2019. Disponible en: https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/1701.
    Defensoría Jurídica Universidad de Chile. Informe sobre DDHH en Chile en el contexto de las movilizaciones sociales de 2019. Disponible en: http://www.derecho.uchile.cl/contenidos-destacados/informe-de-la-defensoria-juridica-de-la-universidad-de-chile
    Informe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones. Informe disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CL/Report_Chile_2019_SP.pdf).
    Recomendaciones de la Comisión Interamericana de DDHH. Disponible en: http://oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/018.asp#:~:text=Santiago%2C%20Chile%20-%20La%20Comisi%C3%B3n%20Interamericana,evaluando%20sus%20causas%20y%20consecuencias
    Informe de Amnistía Internacional. Conclusiones y recomendaciones disponibles en: https://amnistia.cl/noticia/chile-politica-deliberada-para-danar-a-manifestantes-apunta-a-responsabilidad-de-mando/).
    Informe de Human Rights Watch. Disponible en: https://www.hrw.org/es/world-report/2019/country-chapters/325503
16.  El ex ministro de salud Jaime Mañalich el año 2013 fue sancionado por el Tribunal Ético del Colegio Médico y dos años después expulsado por este debido a otra denuncia de maltrato laboral. También fue acusado por haber disminuido durante su gestión, los casos de daños oculares producto de la agresión policial durante las manifestaciones desde octubre 2019.
17.  La Contraloría General de la República, tras cuatro años de investigación confirmó la manipulación de las listas de espera de pacientes en uno de los hospitales públicos más grandes de la Región Metropolitana durante la primera gestión como Ministro de Salud de Jaime Mañalich (2010–2014). En este link se encuentra la resolución de contraloría: https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/Resoluci%C3%B2n.Contralor.Maruri.pdf
18.  Aquí la referencia de la investigación:
    https://ciperchile.cl/2020/06/13/minsal-reporta-a-la-oms-una-cifra-de-fallecidos-mas-alta-que-la-informada-a-diario-en-chile/
19.  Aquí la fuente que investigó este caso:
    https://ciperchile.cl/2013/04/25/el-director-del-ine-habria-manipulado-las-cifras-del-censo-2012/
20.  Datos tomados de: https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
21.  Aquí la fuente: https://coronavirus.jhu.edu/map.html
22.  El movimiento estudiantil secundario conocido como el movimiento Pingüíno el 2006 y el movimiento estudiantil universitario en 2011.
23.  El día 4 de agosto el gobierno extendió durante 90 días el toque de queda nocturno que fue decretado el 22 de marzo.
24.  Aquí la fuente referida: https://www.ine.cl/prensa/2020/07/31/ine-publica-resultados-de-la-encuesta-nacional-de-empleo-del-trimestre-abril-junio-de-2020
25.  Según los datos producidos por la encuesta trimestral de Ocupación y Desocupación (EOD), realizada por el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
26.  Cifras tomadas del estudio: No es amor, es trabajo no remunerado de marzo 2020, Fundación Sol: http://www.fundacionsol.cl/estudios/no-es-amor-es-trabajo-no-pagado/
27.  El estudio publicado en enero de este año por la Oxfam calcula que en todo el mundo, mujeres y niñas que viven en situación de pobreza y exclusión, dedican 12,500 horas diarias a trabajos no remunerados que aportan a la economía un valor añadido de 10,8 trillones de dólares mínimo. Datos referidos tomados de la siguiente fuente: fuente: https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620928/rr-time-to-care-methodology-200120-en.pdf?sequence=11&isAllowed=y
28.  Aquí la fuente: http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/
29.  El 25 de noviembre del año 2019, en el Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, el colectivo artístico ‘Las Tesis’ realizó la performance “Un violador en tu camino” para denunciar la violencia patriarcal que se había agudizado como una forma de aplacar la revuelta de octubre.
30.  Para profundizar en este tema, consultar Gago (2019).
31.  Para profundizar en este tema, consultar Hiner (2019).
32.  Del mismo modo la presión social contribuyó a que el holding Cencosud revirtiera la decisión de acogerse a la Ley de Protección del Empleo para desvincular a 7.731 de sus trabajadore/as y repartirse las utilidades entre sus accionistas. Y, por último, otro acontecimiento que tuvo un giro gracias a la presión del movimiento feminista ha sido la revocación de las medidas cautelares de arresto domiciliario que la corte de apelaciones de ciudad de la Temuco decretó en contra del violador Martín Pradenas.
33.  Entre varias acciones, la Coordinadora Feminista 8M, realizó junto a 17 humoristas, una jornada de humor feminista denominada: ‘La Olla Comedia’, y logró recaudar más de 12.000 USD destinados a distintas Ollas Comunes e iniciativas comunitarias levantadas por mujeres en distintos territorios. Aquí una columna de prensa de la Coordinadora 8M: https://www.elmostrador.cl/braga/2020/06/22/socializar-la-risa-los-cuidados-y-la-riqueza/
34.  El Machi Celestino Córdova junto a otros 27 comuneros mapuche, presos políticos que se encuentran en cuatro centros carcelarios distintos, están realizando una extensa una huelga de hambre para exigir que se aplique a sus condenas el Convenio 169 de la OIT firmado por Chile el año 2016. El gobierno, en vez de responder a esta demanda, ha incentivado una oleada de violencia racista en contra del pueblo mapuche movilizado.

Mia Dragnic

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es socióloga, maestra en estudios de género y candidata a doctora en Estudios Latinoamericanos por la universidad de Chile. Ha estudiado algunos movimientos sociales Latinoamericanos, en particular la historia del movimiento campesino y feminista en Venezuela y en Brasil. En la actualidad estudia el período de emergencia del movimiento anarcofeminista en América Latina y el Caribe a partir del estudio comparado del trabajo de tres escritoras. Es militante feminista y participa en el Comité Internacional de la Coordinadora 8M en Chile.

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