Declaración sobre violaciones de derechos humanos en Bolivia
Texto de autoría colectiva. Traducción del texto original asequible aquí.
Suscriben quienes están en la lista de firmantes asequible al final de este documento.
Evo Morales ‒el presidente de Bolivia democráticamente elegido del MAS (Movimiento al Socialismo)‒ se vio obligado a renunciar el 10 de noviembre, en lo que muchos observadores ven como un golpe de estado. A raíz de su renuncia, se ha producido un creciente estado de caos y violencia. Lo que está sucediendo en Bolivia es altamente antidemocrático. Estamos presenciando algunas de las peores violaciones a los derechos humanos por parte de los militares y la policía desde la transición al gobierno civil a principios de los años ochenta. Condenamos esta violencia en los términos más enérgicos y pedimos a los gobiernos de EE. UU. y de otros países que dejen de reconocer y brindar apoyo al actual régimen. Instamos a los medios a esforzarse por documentar los crecientes abusos de los derechos humanos cometidos por el Estado boliviano.
El 10 de noviembre, el vicepresidente de Evo Morales y los presidentes de ambas cámaras del Congreso también renunciaron ante amenazas de violencia contra altos funcionarios del MAS a menos que éstos dejaran sus cargos. La campaña de presión incluyó la quema de casas de funcionarios del MAS y el secuestro de familiares. Esto preparó el camino para que Jeanine Áñez, una política conservadora de la oposición católica romana del noreste de Bolivia, ampliamente acusada de profesar puntos de vista racistas, llegara a la presidencia el martes 12 de noviembre.
Las circunstancias alrededor de las precipitadas renuncias hacen que la llegada al poder de Áñez sea muy cuestionable. Existen serias dudas sobre la legitimidad constitucional de su sucesión. Sin las renuncias forzadas de los funcionarios del MAS, Áñez no habría tenido un camino constitucional mínimamente plausible a la presidencia, ya que se desempeñaba como vicepresidenta del Senado, una posición que no está en la línea de sucesión presidencial dentro de la constitución. A esto se agrega que Áñez, cuyo partido obtuvo únicamente el 4% de los votos en las elecciones del pasado 20 de octubre, se autoproclamó presidenta en una sesión del Senado que no contaba con el quórum necesario, y con los senadores del MAS (que conforman la mayoría parlamentaria) obstaculizando esta sesión, en parte debido a temores por su seguridad física.
Áñez representa al sector de extrema derecha de la oposición boliviana que ha aprovechado el vacío de poder creado por la destitución de Morales para consolidar control sobre el Estado. Áñez parece tener pleno apoyo del ejército y la policía boliviana. En el transcurso de la última semana tanto el ejército como la policía han participado en una significativa y creciente represión contra protestas que en gran medida, aunque no totalmente, han sido pacíficas. En la noche del 13 de noviembre las calles del centro de la ciudad de La Paz y de Cochabamba estaban vacías, únicamente transitadas por la policía, el ejército y las auto-nombradas milicias vecinales. Ha habido continuos saqueos, incendio de edificios y violencia en las calles, y los manifestantes han enfrentado mucha represión. En una movida muy inquietante, el 15 de noviembre Áñez emitió una orden ejecutiva eximiendo a los militares de responsabilidades penales vinculadas al uso de la fuerza. Áñez ha expresado también que Morales será procesado si regresa a Bolivia y ha lanzado la idea de prohibir en futuras elecciones la participación del MAS ‒partido que sin duda sigue siendo la fuerza política más grande y popular de Bolivia.
Igualmente inquietante ha sido el resurgimiento público de racismo anti-indígena en el transcurso de la última semana. Poco después de ser declarada presidenta, Áñez lanzó una gran Biblia al aire y sentenció: “¡La Biblia ha regresado al palacio!” Tres días antes, el día del derrocamiento de Morales, Luis Fernando Camacho, un empresario de extrema derecha de Santa Cruz y aliado de Áñez, fue al Palacio de Gobierno y se arrodilló ante una Biblia colocada sobre la bandera boliviana. Un pastor que lo acompañaba anunció a la prensa: “La Pachamama nunca volverá al Palacio”. Activistas de la oposición quemaron en varias ocasiones la wiphala (símbolo importante de identidad indígena). Estas son expresiones extremistas que amenazan con revertir décadas de ganancias en la inclusión étnica y cultural en Bolivia.
Pese a la creciente violencia y represión, diversas fuerzas sociales se han manifestado en todo el país en rechazo al gobierno de Áñez. Es importante tomar en cuenta que estas manifestaciones no solo incluyen a partidarios del MAS, sino también a una amplia gama de sectores populares que repudian la toma del Estado por la derecha. Miles de manifestantes, en gran medida desarmados y en su mayoría productores de hoja de coca, se reunieron pacíficamente en Sacaba, un pueblo en el departamento de Cochabamba, la mañana del 15 de noviembre. Después de frustradas negociaciones para marchar a la plaza del pueblo, los manifestantes intentaron cruzar un puente hacia la ciudad de Cochabamba, fuertemente custodiada por policías y tropas militares. Soldados y policías dispararon gases lacrimógenos y balas contra la multitud. Durante el enfrentamiento de dos horas, nueve manifestantes fueron abatidos a tiros y al menos 122 resultaron heridos. La mayoría de los muertos y heridos en Sacaba sufrieron heridas de bala. Guadalberto Lara, director del Hospital México en Sacaba, le dijo a Associated Press que esta es la peor violencia que ha visto en sus 30 años de ejercicio professional. El viernes, las familias de las víctimas realizaron una vigilia a la luz de las velas. Llorando, una mujer posó su mano sobre un ataúd y preguntó: “¿Es esto lo que llaman democracia? ¿Matarnos como si no contáramos para nada?”
Denunciamos la violencia represiva estatal que se está produciendo en Bolivia. También expresamos nuestra preocupación por el hecho de que los medios de comunicación internacionales no hayan podido cubrir de manera efectiva las violaciones de los derechos humanos en Bolivia, ya que también su personal ha sido reprimidos por la violencia de los militares. El 15 de noviembre un periodista de Al Jazeera que cubría protestas en las calles de La Paz fue gasificado por la policía y ya no pudo sostener su micrófono o cámara fotográfica. Aunque más tarde retrocedió, el nuevo ministro de comunicaciones de Áñez dijo a la prensa que el gobierno no tolerará “medios sediciosos”. Este ambiente en el que la libertad de prensa además de no estar garantizada se ve amenazada por el gobierno, ha generado una alarmante falta de cobertura de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas contra manifestantes civiles desarmados.
Estamos consternados por las violaciones del régimen de Áñez a los derechos políticos, civiles y humanos de los bolivianos, y por el deplorable uso de la violencia que ha ocasionado cifras alarmantes de muertos y heridos graves. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que condene de manera inmediata y pública estos actos de violencia. Pedimos a los organismos y organizaciones internacionales de derechos humanos que investiguen y documenten imparcialmente los actos de violencia cometidos por agentes gubernamentales. Exigimos que la comunidad internacional garantice que este régimen de facto, que en el mejor de los casos es altamente sospechoso y percibido por muchos como carente de legitimidad, proteja la vida de manifestantes pacíficos, respete los derechos de todos a la libertad de reunión y expresión, y contemple estrictamente las normas internacionales sobre el uso de la fuerza en situaciones de violencia civil. Demandamos que los Estados Unidos y otros gobiernos extranjeros dejen de apoyar a este régimen y detengan el reconocimiento internacional hasta que se realicen elecciones libres y justas con participación de todos los partidos políticos, que cese la violencia represiva y que se respeten los derechos humanos fundamentales de todos los bolivianos.
